El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados de PSOE, Sumar Més y Podemos, junto a un bloque amplio de organizaciones sociales, contra la Ley 7/2024 de simplificación administrativa del Govern balear. La norma, aprobada por decreto ley, permite la regularización masiva de edificaciones y usos ilegales en suelo rústico.
El recurso considera que la ley vulnera principios constitucionales básicos como la igualdad ante la ley y el deber de conservación del medio ambiente. Uno de sus ejes centrales es la crítica al proceso de legalización generalizado de construcciones irregulares, que podría beneficiar a propietarios de grandes edificaciones ilegales aumentando su valor de mercado de forma automática.
El texto, promovido por entidades como GOB Mallorca, Amics de la Terra, Obra Cultural Balear y CCOO, se apoya en jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional para impugnar una norma que modifica el modelo de gestión territorial sin pasar por mecanismos de debate o participación ciudadana.
La ley, actualmente en vigor, introduce también la figura del “silencio positivo” para determinadas legalizaciones, lo que en la práctica permite que solicitudes sean aprobadas de forma automática si no se resuelven en plazo, algo que los colectivos sociales consideran una puerta abierta a la desprotección ambiental y la impunidad urbanística.
La admisión a trámite
La admisión a trámite por parte del Constitucional no supone una sentencia, pero abre la vía para revisar el fondo jurídico de una norma que ha sido cuestionada por su tramitación exprés y su impacto sobre el territorio. Si el alto tribunal resuelve a favor del recurso, podría invalidar disposiciones clave y obligar al Govern a revisar o retirar la ley.
El texto legal fue impulsado como medida para “agilizar” trámites administrativos, pero ha generado fuertes críticas desde el inicio por su alcance urbanístico. La ley permite regularizar viviendas construidas sin licencia en suelo rústico, muchas de ellas de gran superficie, sin distinguir entre pequeños usos tradicionales y grandes edificaciones ilegales.
Las organizaciones sociales que impulsan el recurso denuncian que se trata de la mayor operación de regularización urbanística de las últimas décadas en Baleares, con efectos directos sobre el valor inmobiliario, el equilibrio ecológico y el acceso igualitario a los recursos.
El caso adquiere una dimensión nacional al tratarse de una ley autonómica recurrida ante el máximo órgano de control constitucional del Estado. Su resolución, previsiblemente en varios meses, podría marcar un precedente en materia de regulación urbanística y protección ambiental.
Mientras tanto, el Govern de Marga Prohens mantiene su hoja de ruta con la ley vigente, aunque enfrenta ahora un escenario de incertidumbre jurídica. La resolución del TC será clave para determinar si la norma sigue adelante o si queda suspendida parcial o totalmente.
El recurso ha sido interpretado por sus impulsores como una respuesta colectiva a lo que consideran una desregulación territorial sistemática basada en decretos, sin debate público ni garantías de equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad.
