El primer mes de la ley de limitación de vehículos en Ibiza ya ha dejado su primer caso sonado: el Consell Insular ha detectado y tramitado una denuncia contra una empresa de alquiler de coches, inaugurando así la vía sancionadora de una norma que aspira a cambiar la movilidad de la isla.
La noticia, confirmada por el director insular de Transportes, Roberto Algaba, en una entrevista en Radio Ibiza, marca un punto importante en la aplicación de la ley aprobada por el Parlament balear.
Según relató Algaba, el caso ha salido a la luz tras un trabajo de inspección en el que se constató que la empresa infractora estaba alquilando vehículos sin haber solicitado cupo, requisito imprescindible para operar este verano.
Además, parte de su flota contaba con matrículas extranjeras, lo que vulnera de manera directa el articulado de la ley. «Ya se ha sancionado a la primera empresa de alquiler que estaba alquilando además vehículos con matrícula extranjera», señaló Algaba, detallando que el control sobre este sector será estricto y que, tras la denuncia, el expediente sancionador ya está en marcha.
La denuncia se ha podido cursar porque, a diferencia de los vehículos particulares, en el caso de las empresas de alquiler el Consell no necesita cruzar datos con la DGT para verificar el incumplimiento: la propia normativa y los registros insulares permiten comprobar si la empresa está operando dentro o fuera del cupo y si utiliza matrículas extranjeras.
Algaba fue rotundo en este punto: “Todo vehículo que esté dentro del cupo tiene que tener domicilio fiscal en la isla. Ahora vamos a empezar a actuar sobre empresas de alquiler que alquilan vehículos con matrícula extranjera porque esos vehículos ya no pueden tener cupo”.
La cuantía de las sanciones: de grave a muy grave
La sanción impuesta a esta empresa se ha tramitado como infracción grave, con una multa que puede oscilar entre 1.000 y 10.000 euros, según lo estipulado.
Sin embargo, el director insular de Transportes advirtió públicamente que si la actividad ilícita continúa, el expediente podría evolucionar a la categoría de muy grave, lo que supondría una sanción de hasta 30.000 euros.
La decisión de endurecer la sanción depende directamente de si la empresa persiste en su operativa fuera de la normativa, lo que convertiría el caso en el primer gran ejemplo de tolerancia cero para el sector.
El laberinto de obstáculos: la DGT, primer muro administrativo
Pese al éxito parcial del caso sancionador y al optimismo institucional, la aplicación de la ley choca de frente con un laberinto de obstáculos administrativos y técnicos. El primero y más relevante es la negativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) a ceder la base de datos de matrículas al Consell, lo que impide sancionar a los vehículos particulares de turistas que acceden a la isla sin autorización.
El presidente del Consell, Vicent Marí, ha calificado la postura de la DGT de “boicot directo a la ley” y ha reclamado insistentemente la necesidad de un convenio, similar al que ya disfrutan los ayuntamientos, para poder cruzar datos y verificar en tiempo real si un vehículo está domiciliado en Ibiza o no. “Es cuestión de insistir y de llegar a un acuerdo para tener acceso a la base de datos que nos permita controlar estos vehículos que han entrado, porque en caso de incumplir la ley se les podrá sancionar”, declaró Marí.
Algaba por su parte ha explicado que la imposibilidad de acceder a los datos de la DGT impide comprobar si un vehículo está o no domiciliado en la isla, y por tanto, si un no residente ha tramitado la autorización obligatoria para circular. Esta limitación, reconocida por la propia institución mantiene en suspenso los expedientes sancionadores en estos casos, ya que “la infracción no prescribe hasta dentro de dos años” y la administración solo podrá actuar cuando pueda cruzar datos con Tráfico.
El otro frente: cámaras, tecnología y vigilancia insuficiente
El segundo gran reto para el Consell es la falta de cámaras móviles para el control de matrículas en tiempo real. Por ahora, la vigilancia se apoya en cámaras fijas instaladas en los puertos y en acuerdos puntuales con ayuntamientos que disponen de sistemas propios.
“En estos primeros días tenemos ya casi 288.000 lecturas solo con las dos cámaras que tenemos en el puerto, más los convenios que vamos a firmar en los ayuntamientos”, señaló Algaba, pero admitió que el sistema está lejos de ser suficiente.
“¿Esas cámaras móviles han empezado a trabajar? No, todavía no. Hemos tenido que cambiar la configuración de las cámaras, están al llegar y las pondremos en marcha en las próximas semanas”, detalló el director insular de Transportes. Hasta que no estén en funcionamiento, el control seguirá siendo parcial y las posibilidades de detectar infractores, limitadas.
Cupos, autorizaciones y el balance del primer mes
Durante este primer mes de ley, el sistema ha registrado que en ningún momento se ha llegado al cupo máximo diario de vehículos permitidos para turistas, fijado en 4.168.
Según datos recabados por el Consell, el día de mayor demanda apenas se superó el 80% del cupo (unos 3.237 vehículos), y en julio la cifra máxima rondó el 76%. “Estos son los que están controlados. A día de hoy todavía no ha llegado ninguno de los días al cupo máximo”, apuntó Algaba.
El Consell ha emitido más de 4.000 autorizaciones desde que la norma está en vigor, según el balance oficial. Cada autorización puede cubrir varios días de estancia, y hay que sumar los movimientos de entrada antes del 21 de mayo, fecha de aprobación de la tasa y la norma, que este año quedan fuera del cupo por cuestiones legales, como explicaron desde la institución.
El control de autocaravanas: otro eje clave
La normativa también pone el foco en el acceso y estancia de autocaravanas y campers, que sólo pueden circular si tienen reserva previa en un camping autorizado.
El presidente Marí recalcó que “no vendrán turistas con estos vehículos sin una reserva en un lugar donde pernoctar, en concreto en un camping autorizado”. Por ahora, la política es de advertencia, pero en cuanto termine la fase de información se impondrán sanciones de entre 10.000 y 30.000 euros a quienes incumplan y aparquen en suelos rústicos o no autorizados.
Más actores y presiones: el caso AENA
A las dificultades técnicas y administrativas se suman los roces con otros actores clave. Tal y como avanzó Diario de Ibiza, AENA ha advertido que la reducción de flotas de ‘rent a car’ en el aeropuerto puede generar un “incremento del colapso” del tráfico en el interior del recinto, especialmente en los aparcamientos públicos.
Desde el Consell se responde que precisamente la ley pretende aliviar la presión en las carreteras y que el colapso actual del aeropuerto no es consecuencia directa de la nueva regulación.
Algaba: “La ley está en vigor, aunque no se vea todo”
El propio Algaba insistió en que la ley “sí que está en vigor, lo que pasa que ahora mismo se está haciendo un trabajo que no es todo lo visible que se pueda esperar”. Explicó que el control y las batidas van a ir aumentando y que el objetivo para este primer año es obtener datos fiables y exhaustivos de la circulación en la isla: “Gracias a esta ley, ahora mismo tenemos online, damos a un par de clics y sabemos cuántos vehículos han pedido autorización y cuántos no durante todos los días”.
El responsable insular defendió la importancia de los datos para la gestión pública y la toma de decisiones futuras. “El hecho de manejar datos te ayuda muchísimo a hacer políticas públicas y cualquier otro tema”, insistió. Este año, asegura, el gran salto es saber cuántos coches hay realmente en Ibiza, y empezar a trazar el escenario sobre el que actuar para reducir la presión en las carreteras.
