En solo 7 días, el próximo 15 de julio a las 09:00 horas, está previsto el desalojo del asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2, tras recibir el Ayuntamiento de Santa Eulària el auto judicial que permite reactivar el proceso.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha explicado que ya trabajan coordinadamente con varios departamentos y han solicitado la colaboración de la Dirección Insular de la Administración del Estado para contar con apoyo de la Guardia Civil.
El Ayuntamiento informará a los ocupantes mediante cartelería. Se trata de un proceso que implica a la Policía Local, Bienestar Social, Medio Ambiente y la Guardia Civil, que desplazará recursos desde fuera de la isla.
El departamento de Bienestar Social ha sido reforzado “hasta el día que sea necesario” para atender a quienes habitan en Can Rova 2.
Cómo será el desalojo
Durante el desalojo, lo primero será desconectar las instalaciones “más precarias” de suministros como la luz: “Todo lo que se pueda desmontar antes, mejor que no hacerlo el día 15”, señala Roselló.
El concejal reconoce que el desalojo es “una prioridad” para el Consistorio por el peligro que supone para los ocupantes, y admite que en el primer intento “pecaron de novatos” dada la complejidad del caso. “La otra vez no teníamos a nadie a quién poder dirigirnos”, recuerda, subrayando las dificultades para acceder o informar a los ocupantes.
En esta ocasión, el Ayuntamiento es la parte interesada tras constatar las “condiciones peligrosísimas” del asentamiento, a diferencia del primer desalojo, que respondía a una orden judicial.
Finalmente, Roselló reconoce que desconocen cuántos menores viven en la zona, “porque no nos dejan entrar”.
Cronología judicial y social: tres meses de tensión en Can Rova 2
El asentamiento de Can Rova 2, donde residen unas 200 personas —incluyendo 18 familias y 19 menores—, ha estado en el centro de la polémica desde que en abril de 2025 el Ayuntamiento de Santa Eulària logró una primera autorización judicial para su desalojo.
Sin embargo, el proceso quedó suspendido tras el recurso presentado por los residentes, que alegaban situación de vulnerabilidad y falta de información previa.
La suspensión se mantuvo durante tres meses hasta que, a inicios de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma desestimó ese recurso y levantó la medida cautelar, permitiendo retomar el operativo de desalojo. El tribunal, no obstante, exige al Consistorio información actualizada sobre las medidas sociales para los habitantes, a fin de evitar que queden desprotegidos.
Un asentamiento “inhumano” y en zona de riesgo: motivos del Ayuntamiento
Según el Ayuntamiento, el asentamiento de Can Rova 2 se consolidó desde agosto de 2024 en suelo rústico protegido, con graves deficiencias en salubridad, seguridad eléctrica y gestión de vertidos.
El consistorio ha calificado las condiciones de vida allí como “inhumanas” y especialmente alarmantes por la presencia de menores expuestos a riesgos extremos. El incendio del 26 de junio en una caravana fue un punto de inflexión, poniendo en evidencia el peligro tanto para los habitantes como para el entorno ecológico y las infraestructuras estratégicas de la isla, dado que la parcela incluye canalizaciones de agua desalada que abastecen hospitales y barrios residenciales.
El Ayuntamiento también ha advertido que la situación podría comprometer el suministro a zonas sanitarias sensibles, y ha reclamado la intervención urgente del Defensor del Pueblo.
