El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles un ambicioso plan con 15 medidas contra la corrupción, que incluye el endurecimiento de las penas, la creación de listas negras de empresas condenadas que no podrán contratar con la administración y una nueva Agencia de Integridad Pública Independiente. El anuncio se ha producido durante su comparecencia en el Congreso, en plena crisis por la imputación del exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.
Sánchez ha defendido que el plan es fruto de un trabajo conjunto con Sumar y técnicos de la OCDE, elaborado durante el último mes, y ha asegurado que «se cumplirá hasta la última coma». Las medidas también prevén reformas legales, herramientas tecnológicas y formación para empleados públicos, con el objetivo de combatir de forma estructural lo que ha definido como «un problema que aún persiste, aunque no sea sistémico».
Estas son las 15 principales medidas del plan anticorrupción:
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Aumento de las penas para delitos de corrupción hasta en un tercio más y hasta 15 años de inhabilitación absoluta.
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Veto a empresas condenadas por corrupción mediante un sistema de listas negras que les impedirá participar en concursos públicos.
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Creación de la Agencia de Integridad Pública Independiente, que asumirá funciones de supervisión, prevención y persecución, hasta ahora dispersas en diferentes organismos.
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Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para fortalecer la protección de los denunciantes, garantizando su confidencialidad y respaldo legal.
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Establecimiento de jueces especializados en corrupción y creación de procedimientos sumarios para cargos públicos, con el fin de evitar dilaciones.
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Aplicación de inteligencia artificial en la plataforma de contratación pública para detectar patrones anómalos y posibles fraudes.
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Exigencia de sistemas de ‘compliance’ y pactos de integridad a empresas que contraten con la administración.
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Controles patrimoniales aleatorios anuales a altos cargos públicos.
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Reducción del plazo de publicación de cuentas de partidos y fundaciones a un mes y obligación de informar sobre donaciones a partir de 2.500 euros.
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Vincular los beneficios penitenciarios a la restitución íntegra del dinero robado, con intereses.
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Recuperar el delito de administración desleal del patrimonio público.
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Imponer a las empresas corruptoras multas calculadas sobre ingresos anuales, en lugar de beneficios.
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Retirar subvenciones públicas a partidos que mantengan en sus estructuras a condenados por corrupción.
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Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos e introducir el decomiso administrativo o preventivo, sin condena previa.
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Lanzar campañas de concienciación ciudadana, realizar encuestas anuales sobre percepción de corrupción y reforzar la formación anticorrupción en la función pública.
Coordinación con la OCDE
Sánchez ha asegurado que este plan se someterá a un sistema de seguimiento externo por parte de la OCDE, que evaluará los avances dentro de uno y dos años mediante dictámenes técnicos públicos.
El presidente también ha defendido que la corrupción no es sistémica en España, y ha destacado que la mayoría de empleados públicos y empresas “actúan con honestidad”. Sin embargo, ha reconocido que los casos de corrupción siguen existiendo y “dañan la confianza en las instituciones”.
