Uno de los aspectos salientes del borrador del reglamento que regulará taxis y VTCs es que prevé varios artículos que hacen a los taxis cada vez más parecidos a vehículos como Uber.
Además de coches más grandes o de la posibilidad de cobrar por pasajero único y a precio cerrado, el reglamento incorpora otra novedad, en este caso a pedido de taxistas de Ibiza: la posibilidad de incluir cargos para los pasajeros que pidan un taxi y luego decidan no cogerlo.
¿Qué establece el reglamento?
El artículo 39 habla de los derechos y las obligaciones de los usuarios de taxi. El texto dice que “cuando se trate de servicios previamente contratados a través de emisoras de radiofrecuencia, sistemas de telefonía o aplicaciones informáticas para dispositivos fijos o móviles, podrá exigirse la prestación de una garantía para asegurar el cobro del servicio contratado”.
Este apartado ha sido incluido luego de que la Agrupación de Autotaxis de Baleares presentara el pedido entre las numerosas alegaciones que hizo al decreto de tarifa única de mayo.
El Govern consideró que el tema no debía tratarse en dicho decreto, pero que sí debería incluirse en el reglamento autonómico. Desde la Agrupación consideran que la medida permitirá competir en mejores condiciones con aplicaciones como Uber, que ya tienen aceitado el sistema de cobrar una retención ante posibles cancelaciones.
El hecho de quedar a merced de un cambio de opinión del usuario luego de haber recorrido varios kilómetros hasta el punto de partida del viaje es algo que, hasta ahora, desalienta a los taxistas. A su vez, la posibilidad de perder una suma de dinero podría minimizar la cantidad de pedidos que se hacen sin plena certeza de concretar el viaje.
Qué debe regularse
Aunque esta práctica no está hasta ahora reglamentada, ya se realiza en Palma. Allí, quienes contraten taxis por medios telemáticos deben dejar una garantía de 15 euros, que quedan a cuenta del viaje.
En el caso de que el viaje no se realice por responsabilidad del usuario, esa garantía no es devuelta.
El reglamento autonómico no especifica un monto para establecer la garantía ni las condiciones en las cuales esa garantía sería retenida en el caso de que el viaje no se efectúe.
Quedan, entonces, algunas preguntas por responderse. ¿Quién definirá el monto? ¿Los taxistas, la empresa que gestione la aplicación que se utilice? ¿El Ayuntamiento? ¿El Consell, en el caso de un área de prestación conjunta?
