El radar situado en el kilómetro 9 de la autovía entre Ibiza y Sant Antoni ha vuelto a figurar entre los que más multan de toda España, con un total de 39.202 sanciones en 2024, según el último informe publicado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Aunque esta cifra supone una ligera bajada respecto a las 45.001 multas emitidas en 2023, la media diaria sigue siendo impactante: 107,4 denuncias cada día.
Este radar no solo encabeza la lista autonómica, sino que aporta por sí solo más denuncias que varios dispositivos juntos en otras islas del archipiélago. El siguiente radar balear más activo está en Mallorca y registró apenas 7.094 denuncias. Otros dos cinemómetros ibicencos —ubicados en las carreteras EI-200 (Ibiza–Santa Eulària) y EI-700 (Ibiza–Sant Josep)— también aparecen en el ranking autonómico, con 5.057 y 2.990 multas, respectivamente. En total, Ibiza coloca cuatro radares entre los diez más activos de Baleares, consolidando su posición como el territorio con mayor presión sancionadora de las islas.
Madrid y Andalucía, líderes en sanciones por velocidad
A nivel estatal, el radar más multador de España sigue siendo el del kilómetro 20 de la M-40, en Madrid, con 74.873 denuncias formuladas en 2024, a pesar de haber reducido su actividad un 36 % respecto al año anterior. Le siguen otros dispositivos situados en Málaga (67.502 multas), Navarra (60.878) y Cádiz (54.835). En todos estos casos, los radares se ubican en tramos de autovía o autopista de alta densidad circulatoria.
Según el informe de AEA, la Dirección General de Tráfico formuló en total 3.440.655 denuncias en 2024 por exceso de velocidad, lo que supone un incremento del 4 % respecto a 2023. De estas, un 30 % fue generado por solo 50 radares, algunos de los cuales han multiplicado su actividad en porcentajes desorbitados. Es el caso del radar del km 245 de la A-4, en Jaén, que pasó de 2 a 24.189 multas en solo un año, o el de Cádiz, que incrementó su actividad en un 1.400 %.
Andalucía y la Comunidad de Madrid lideran el ranking por comunidades autónomas, con más de un millón de multas registradas entre ambas regiones. Este reparto geográfico de las sanciones refuerza la crítica planteada por AEA, que cuestiona la eficacia real del sistema actual: la mayoría de denuncias se concentran en autopistas y autovías, mientras que el 70 % de los accidentes mortales se producen en carreteras secundarias.
Un debate abierto sobre el objetivo real de los radares
Desde AEA insisten en que los datos revelan una estrategia de control más orientada a la recaudación que a la prevención, algo que también se refleja en el caso de Ibiza. A pesar del altísimo volumen de multas, la siniestralidad no se ha reducido proporcionalmente en las zonas afectadas. En este contexto, la presión recaudatoria que generan estos dispositivos empieza a generar debate también a nivel insular.
En Baleares, los conductores han comenzado a percibir los radares no solo como herramientas de control de velocidad, sino como una fuente constante de ingresos para la administración, especialmente en territorios de alta rotación turística como Ibiza. Con una movilidad saturada durante buena parte del año y una red viaria limitada, la aplicación intensiva de sanciones podría estar teniendo más impacto económico que correctivo.