La Asociación de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Baleval) ha respaldado públicamente el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el modelo de asignación de cupos aprobado por el Consell Insular de Ibiza para limitar la entrada de vehículos durante la temporada alta.
La patronal del sector de alquiler de coches ha reiterado este miércoles su oposición al sistema que aplica el Consell, al considerar que restringe la libre competencia y penaliza injustificadamente a los operadores que solicitan más autorizaciones.
En un comunicado difundido tras conocerse el recurso de Competencia, Baleval ha celebrado la decisión del organismo estatal, al entender que “confirma” su posición. “Las limitaciones que afectan a los rent a car contravienen, entre otras, las normas de libre competencia”, han afirmado.
Críticas al reparto de autorizaciones
Según la CNMC, y en línea con la postura de Baleval, el reparto de autorizaciones no se basa en criterios objetivos ni técnicos, sino que penaliza directamente a las empresas que solicitan un mayor número de vehículos. El modelo, añaden, no valora aspectos como las ofertas económicas, la antigüedad de los vehículos o su impacto ambiental, lo que genera distorsiones en el mercado.
“Este sistema reduce de forma muy significativa los incentivos a competir, lo que acaba afectando a los consumidores”, sostiene Competencia. Si se mantiene en el tiempo, alertan, podría fragmentar artificialmente la oferta y frenar las inversiones en el sector.
Baleval insiste en soluciones “legales y equitativas”
El presidente de la asociación, Julio Nieto, ha reiterado que el sector permanece abierto al diálogo con las instituciones y comprometido con mejorar la gestión del tráfico en las islas. Sin embargo, ha subrayado que dicha regulación debe hacerse “dentro de la legalidad y sin favoritismos”.
Para Baleval, la solución no pasa por restringir las alternativas de movilidad disponibles para residentes y turistas, sino por reforzar el transporte público y mejorar las infraestructuras. “Pedimos que la regulación se base en criterios técnicos y datos objetivos, respetando el marco legal”, ha concluido Nieto.
