El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de cárcel impuesta a Salman Behbehani, millonario jugador de póker y empresario digital, por introducir en Ibiza casi un kilo de cocaína en una maleta que transportaba en un avión privado procedente de Las Vegas. El alto tribunal desestima así el recurso de casación presentado por la defensa y ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en noviembre de 2023.
El origen del caso
El caso se remonta al verano de 2018, cuando Behbehani aterrizó en el aeropuerto de Ibiza en un vuelo privado desde Las Vegas, acompañado de un amigo.
En el equipaje personal del acusado, las autoridades encontraron cocaína de gran pureza escondida en un compartimento oculto de una maleta. La droga intervenida, según los informes policiales, tenía un valor en el mercado de más de 120.000 euros.
Qué resolvió el Supremo
En su resolución, la Sala de lo Penal del Supremo subraya que la sentencia original de la Audiencia de Palma valora correctamente las pruebas presentadas y considera probada la autoría de Behbehani. Los jueces indican que el joven empresario sabía lo que transportaba, y destacan las contradicciones en sus declaraciones y la ausencia de justificación sobre el contenido del equipaje como elementos clave para confirmar la condena.
La defensa alegaba que su cliente ignoraba la existencia de la droga, pero el tribunal rechaza esa tesis por considerarla “inverosímil”.
Quién es la estrella del póker condenada por narcotráfico
Salman Behbehani, de nacionalidad kuwaití, pertenece a una de las familias más ricas de Oriente Medio y había sido conocido por su estilo de vida de lujo, sus participaciones en torneos internacionales de póker y sus negocios tecnológicos. Su llegada a Ibiza, en un vuelo privado, conllevó una atención mediática inusual, tanto por su perfil como por el tipo de delito cometido.
Seis años de prisión y 300.000 euros de multa
El fallo del Supremo confirma también la multa de 300.000 euros impuesta por la Audiencia balear, una sanción que se suma a los seis años de prisión por un delito contra la salud pública.
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado una pena de nueve años, aunque finalmente el tribunal impuso una condena inferior, que ahora queda ratificada. La sentencia ya es firme y no admite recurso.
