El Consell de Ibiza ha elevado el tono en el conflicto que enfrenta a varias comunidades autónomas con el Gobierno central por el reparto de menores migrantes no acompañados. En un comunicado difundido este viernes, la institución insular ha acusado al Ministerio de Juventud e Infancia de condicionar los fondos acordados a la aceptación de nuevos traslados sin planificación ni consenso.
“No aceptaremos chantajes”, advierte la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, quien denuncia que se pretenda derivar menores a una isla “cuyo sistema de acogida está ya colapsado”.
Una cifra que revela la saturación del sistema
Ibiza soporta actualmente una ocupación del 231,25 % en las plazas específicas para menores migrantes. Según Escandell, el Consell ha cuadruplicado el número de plazas este año, pero ni eso ha bastado para frenar la presión. “Estas cifras son insostenibles y reflejan un sistema de atención en situación límite”, asegura la consellera.
La falta de medios compromete, según el Consell, la calidad y continuidad de la atención a estos menores, a quienes la institución reitera su compromiso de proteger “con garantías y recursos, no con imposiciones políticas”.
Qué critica el Consell
El Consell de Ibiza denuncia también falta de transparencia en los criterios del reparto de menores entre comunidades, y señala que territorios como el País Vasco o Cataluña quedan al margen sin justificación. “No puede exigirse solidaridad a unas regiones mientras otras quedan blindadas”, afirma Escandell.
Qué demanda el Consell al Gobierno
Desde Ibiza se reclama el envío inmediato de los fondos comprometidos por el Ministerio y se rechaza cualquier medida que implique “traslados forzados” sin los recursos adecuados. Escandell exige además una planificación coordinada, una financiación estable y una lealtad institucional real.
“Lo que no aceptaremos es que se juegue con la vulnerabilidad de estos niños y adolescentes para presionar políticamente a una isla ya desbordada”, concluye el comunicado.
La consellera ha solicitado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que informe al Ministerio de la gravedad real de la situación en Ibiza, donde los recursos disponibles ya están en su límite operativo.
Formentera también denuncia “chantaje institucional”
El Consell Insular de Formentera ha mostrado su rechazo frontal a la estrategia del Gobierno central de condicionar la financiación para menores migrantes a la aceptación de traslados forzados. La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, ha calificado esta presión de “chantaje institucional inaceptable” y ha criticado la falta de transparencia en los criterios de reparto y en la articulación de los traslados.
“No se trata de una negociación política, sino de una cuestión de infancia”, ha señalado Costa, quien recuerda que el sistema insular de protección en Formentera es limitado y estructuralmente frágil. Según la institución, asumir más menores sin una financiación estable pondría en riesgo la continuidad y calidad del servicio de atención.
Desde Formentera se exige que los fondos comprometidos se transfieran de forma urgente y sin condiciones, y que se garantice un reparto consensuado y justo, que no excluya territorios ni ignore la realidad de las islas menores. “Los derechos de los menores no pueden usarse como moneda de cambio en una pugna institucional”, ha advertido la consellera, quien también ha instado al delegado del Gobierno a trasladar la gravedad de la situación al Ministerio.
El conflicto de fondo
La tensión entre el Gobierno central y el Govern balear por el reparto de menores migrantes no acompañados ha escalado en los últimos días, con declaraciones cruzadas entre el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la consellera de Familias, Sandra Fernández. Rodríguez reprochó al Ejecutivo autonómico su negativa a acoger a 49 menores procedentes de Canarias y Ceuta, y advirtió que “lo que hoy se niega a otras comunidades, mañana podría reclamarse para Baleares”, en referencia a un posible colapso del sistema insular.
El Govern respondió con contundencia. Fernández acusó al Gobierno de intentar imponer un reparto “injusto” y de presionar políticamente a través de la financiación. “No trataremos a los menores como paquetes ni contribuiremos a saturar otros territorios ya desbordados”, afirmó. El rechazo de Baleares a acoger menores, incluso si entra en situación de contingencia, ha tensado aún más una relación marcada por la falta de consenso, recursos y criterios claros en la distribución de competencias.
