El Ministerio de Vivienda ha iniciado una ofensiva a nivel estatal contra los alojamientos turísticos ilegales, con efectos especialmente visibles en Baleares. Tras analizar las solicitudes al nuevo registro nacional de arrendamientos de corta duración, se han detectado miles de incumplimientos. Entre los territorios más afectados se encuentra una localidad de Ibiza, que acumula una de las cifras más altas de revocaciones en toda la comunidad.
El nuevo registro y la ventanilla digital
La acción del Ejecutivo se enmarca en la implantación de la Ventanilla Única Digital de Vivienda, impulsada por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, y en la entrada en vigor del Registro de alojamientos turísticos de uso temporal. Se trata de una medida pionera en Europa que busca cruzar datos entre propietarios, registros autonómicos y plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo para controlar el alquiler vacacional.
Desde el pasado 1 de julio, todos los propietarios que deseen alquilar su vivienda como alojamiento turístico deben obtener un número de registro estatal obligatorio, independientemente de su inscripción autonómica. Esta identificación única permite al Ministerio detectar casos de fraude, duplicidades o anuncios sin autorización legal.
53.876 pisos ilegales en toda España
En apenas dos meses, el sistema ha recibido 336.217 solicitudes de inscripción en toda España. De ellas, 268.527 corresponden a alojamientos turísticos, mientras que el resto son arrendamientos tradicionales. Sin embargo, 53.876 registros han sido rechazados por diversos motivos: documentación incompleta, errores, datos falsos o falta de permisos autonómicos. Esto representa un 20,3% del total, una cifra que el Gobierno considera “preocupante”.
El Ministerio ha remitido ya a las plataformas digitales un listado con 73.605 anuncios relacionados con esos registros revocados, para que procedan a su retirada inmediata. En muchos casos, un mismo alojamiento está publicado en varias webs, lo que multiplica su presencia digital.
Ibiza, entre las comunidades más afectadas
Baleares figura entre las comunidades autónomas con mayor impacto en esta primera fase del control. En total, 2.373 anuncios de alojamientos ilegales han sido identificados en el archipiélago y notificados a las plataformas para su eliminación.
Entre los municipios baleares con más registros rechazados, destaca Sant Josep de sa Talaia, en Ibiza, con 178 solicitudes revocadas. Solo es superado por Ciutadella (Menorca), que encabeza la lista con 299. Les siguen Santa Margalida (133), Santanyí (117) y Palma (54).
Esto convierte a Sant Josep en uno de los puntos más críticos en la lucha contra el alquiler vacacional irregular en las Pitiusas, una zona donde el acceso a la vivienda para residentes se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales y políticas.
Un nuevo modelo de control para frenar la especulación
Desde el Ministerio aseguran que el objetivo del registro y de la ventanilla digital es recuperar el uso residencial de las viviendas, garantizar que solo operen quienes cumplen la ley y frenar el impacto del turismo descontrolado en el mercado inmobiliario.
Además, se advierte de que los propietarios que mantengan sus anuncios activos sin número de registro o con datos revocados podrían enfrentarse a sanciones económicas y bloqueo de publicaciones.
El Gobierno también ha defendido esta medida como un paso hacia la transparencia y el control fiscal, ya que el nuevo sistema facilitará el rastreo de ingresos no declarados por parte de particulares que exploten pisos turísticos fuera del marco legal.
