Los hoteleros de Ibiza han recibido con cautela el anuncio del Consell sobre la eliminación del 100 % de los anuncios ilegales en Airbnb. Aunque lo consideran un paso adelante, insisten en que no basta para dar por cerrado el problema. “Es un avance importante, pero queda mucho trabajo por hacer; hay que seguir pisando el acelerador”, señaló Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (FHIF).
El representante empresarial recalcó en una entrevista a Radio Ibiza que llevan “muchos años reclamando” actuaciones de este tipo y que las cifras de plazas irregulares siguen siendo muy elevadas. A su juicio, ahora que la administración cuenta con más recursos y más inspectores, es el momento de intensificar la detección y el cierre de esa oferta ilegal para que el efecto no sea solo puntual.
Los datos del Consell
Según las cifras presentadas en la mesa de intrusismo, la retirada de anuncios ilegales en Airbnb ha evitado 6.900 estancias diarias en la oferta irregular. El informe añade que el 70 % de esos turistas se han acabado alojando en hoteles (3.300 al día) y otros 1.500 en viviendas vacacionales legales. El resto, unos 2.000 turistas diarios, directamente han dejado de venir a Ibiza esta temporada al no poder reservar en plazas sin licencia.
Pese a ese trasvase, los hoteleros apuntan que los datos de ocupación son muy similares al año pasado, lo que en su opinión demuestra que, aunque parte de la demanda se haya reubicado, no toda se ha absorbido dentro del sector regulado. Sendino mostró su escepticismo sobre el destino de los turistas que ya no han podido acceder a la oferta ilegal y subrayó que, si finalmente han viajado a la isla, lo han hecho alojándose en “otro segmento de mercado”.
Un hito institucional
La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentó esta semana el balance como un hito histórico al anunciar la retirada de 2.831 anuncios fraudulentos en Airbnb, que representaban más de 14.500 plazas turísticas ilegales. Con esta acción, en la plataforma solo permanecen 2.051 anuncios legales, equivalentes a 13.251 plazas. El Ejecutivo autonómico recalcó además que la medida se acompaña de nuevos instrumentos legales que permiten precintar alojamientos irregulares y aplicar sanciones más duras.
Reclamo de vigilancia sostenida
La patronal insiste en que el anuncio no debe derivar en autocomplacencia. Reclaman más recursos humanos y sanciones ejemplares para impedir la reaparición de plazas ilegales y subrayan que la lucha contra el intrusismo debe ser constante. “No podemos levantar el pie”, remarcan, convencidos de que la presión institucional es la única vía para proteger la competencia leal y la imagen del destino.
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