El Govern balear y el Ministerio de Juventud e Infancia han fijado para el 6 de octubre una reunión solicitada por la consellera de Familias, Sandra Fernández, con el objetivo de replantear el envío a Baleares de menores migrantes no acompañados derivados desde Canarias.
La cita, informada por IB3, llega en plena escalada de tensión institucional por el reparto de tutelas y tras la decisión del Ejecutivo autonómico de recurrir el traslado de los dos primeros menores asignados al archipiélago.
El portavoz del Govern, Antoni Costa, confirmó que la comunidad agotará todas las vías para frenar lo que considera un reparto impuesto unilateralmente, empezando por presentar alegaciones y, si es necesario, acudir a la vía judicial para suspender la orden de traslado. Costa recordó que Baleares tutela ya a más de 700 menores, con un sistema de protección desbordado, y advirtió de que no hay plazas ni personal para asumir llegadas adicionales.
Recurso contencioso-administrativo
En paralelo, el Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía autonómica a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del pasado agosto que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección: en el caso de Baleares, 406 plazas, una cifra que —según recalca el Govern— tendría que triplicarse para activar la denominada “contingencia migratoria”. Desde el Gobierno central, esta posición ha sido tachada de “incoherencia absoluta”.
La ofensiva jurídica del Ejecutivo que preside Antoni Costa incluye, además, otros frentes ya anunciados: recursos ante el Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería, ante el Supremo contra el decreto de contingencia migratoria y ante la Audiencia Nacional por la negativa estatal a declarar la contingencia en Baleares. Todo ello en un contexto en el que el IMAS ultima la habilitación del cuartel de Son Tous (Palma) para respuestas de emergencia ante nuevas llegadas por mar, instalación que —aclara el Govern— no se destinará a menores trasladados desde otras comunidades.
La reunión del 6 de octubre será, así, la primera oportunidad para intentar desbloquear el pulso entre Palma y Madrid sobre el reparto de menores no acompañados en un momento del año —octubre— que suele coincidir con un pico de pateras hacia las islas.
