La llegada a las costas de Ibiza y Formentera de pateras repletas de inmigrantes parece lejos de detenerse. De hecho, las mafias que operan desde Argelia organizan para este viernes, sábado y domingo una nueva oleada de embarcaciones hacia las Baleares.
Según una investigación de La Gaceta, basada en canales de comunicación usados por los traficantes, este aluvión tendrá con especial incidencia en Ibiza y Mallorca. No se han precisado cuántas pateras ni cuántos migrantes podrían arribar a Baleares el fin de semana.
Este anuncio, no obstante, condice con lo que anunciaba hace un mes el PP en Ibiza. En una conferencia de prensa en la isla, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí advirtió que contaban con “informaciones que dicen que hay entre 400 y 500 menores esperando para salir y venir a nuestras costas”.
Crece el flujo migratorio en Baleares
Este anuncio coincide con un repunte migratorio que ya suma más de 5.300 llegadas en 2025 , una cifra que prácticamente iguala el total registrado en 2024, cuando todavía faltan tres meses para cerrar el año.
En paralelo, en las últimas horas se conoció en informe de Frontex que señala que el 62% de los interceptados en la ruta del Mediterráneo Occidental son de nacionalidad argelina, seguidos por somalíes (10%) y burkineses (8%) . También aparecen marroquíes (6%) y malienses (4%), lo que muestra la diversificación de los flujos hacia Baleares en los últimos meses.
La proximidad geográfica de Argelia —apenas 200 millas náuticas— y la menor vigilancia en comparación con la península han convertido a Baleares en un destino prioritario para las redes de tráfico de personas.
Según fuentes policiales consultadas en el archipiélago, estas llegadas ponen a prueba la seguridad y los recursos de las islas , que enfrentan un desafío creciente en la gestión de la migración irregular.
En este marco, el Gobierno central ha declarado recietemente la Emergencia Migratoria, lo que supone más recursos de ayuda humanitaria para inmigrantes que lleguen a las costas. Desde las administraciones del archipiélago (el Govern y los Consells insulares), sin embargo, reclaman más medios para reforzar la vigilancia.
