Este martes finaliza la regulación de entrada y circulación de vehículos en Ibiza, implantada por primera vez este verano. El Consell Insular asegura que la medida ha logrado reducir la presencia de coches de alquiler y autocaravanas, dos de los principales objetivos de la iniciativa. En total, se tramitaron más de 27.000 solicitudes, pero solo se autorizaron algo más de 16.000.
Desde la Plataforma de Autocaravanas Autónoma, en cambio, hacen un balance muy negativo. En diálogo con Radio Ibiza, su presidente, Jesús Gallardo, acusó al Govern insular de actuar «al margen de la ley» y denunció «prácticas dictatoriales» contra el colectivo.
Asegura que incluso trabajadores empadronados en la isla, como funcionarios o sanitarios que viven en autocaravanas, han sufrido presiones y advertencias «inadmisibles» por parte de la policía local.
Gallardo también criticó la actuación de inspectores que, según afirma, obligaron a dueños de furgonetas camperizadas a mostrar el interior de sus vehículos sin orden judicial, así como denuncias que —señala— no se han tramitado de acuerdo con la normativa.
«El Consell se ha cargado el turismo de caravanas, que dejaba beneficios en la isla, y lo ha hecho actuando fuera de la ley», concluyó el portavoz de la plataforma.
