El expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha defendido este lunes ante la Audiencia Provincial de Palma que los recursos presentados durante su mandato contra la orden judicial de demoler una zona comercial en Ca ses Castellones, en el núcleo de Sant Ferran, se presentaron únicamente “para evitar graves perjuicios económicos” sobre las cuentas de la institución insular.
Según explicó, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de 2009 obligaba al Consell a derribar el centro comercial construido en un área declarada Bien de Interés Cultural (BIC), pero el cumplimiento inmediato, dijo, “habría generado un daño financiero imposible de asumir”.
“No hubo intención de desobedecer al tribunal”
Durante la vista, en la que también está acusado el exconseller de Territorio Bartomeu Escandell, Ferrer sostuvo que “ninguna actuación tuvo la intención de desobedecer una sentencia judicial” y que las decisiones se adoptaron con el aval de los técnicos y juristas del Consell.
“El Govern debía casi 19 millones de euros y el presupuesto rondaba los 20. Si se hubiese ejecutado la sentencia, no se habría podido pagar”, argumentó el exmandatario.
Escandell coincidió en que la institución insular, “recién nacida y observada por todos”, actuó para evitar el colapso económico del Consell de Formentera, insistiendo en que no hubo ánimo de incumplir la resolución judicial.
La Fiscalía mantiene la acusación de desobediencia
El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se centra en determinar si los acusados retrasaron deliberadamente el cumplimiento del fallo del TSJIB y modificaron los límites del conjunto BIC para proteger la construcción.
La Fiscalía solicita para Ferrer y Escandell dos años de inhabilitación y una multa superior a 5.000 euros, al considerar que no ejecutaron la orden judicial de demolición. Por su parte, la acusación popular, ejercida por el empresario Leo Stöber, reclama cuatro años de prisión por desobediencia, malversación y prevaricación, al entender que los responsables políticos pusieron “trabas jurídicas” a la sentencia.
La defensa pide la absolución y denuncia una “persecución”
Los abogados defensores, Fernando Mateas y Ascensión Joaniquet, solicitaron la libre absolución de sus clientes y una condena en costas contra la acusación popular, a la que calificaron de “temeraria”. Según argumentaron, los exconsellers llevan más de una década sufriendo una “persecución judicial” vinculada al mismo conflicto.
El centro comercial fue finalmente demolido en 2012, tres años después de la sentencia del TSJIB, tras una larga serie de recursos e interpretaciones urbanísticas.
Contexto del caso
Los hechos se remontan a 2005, cuando se autorizó la construcción de una zona comercial en Ca ses Castellones, dentro de un conjunto protegido como BIC desde 1996. Tras la denuncia presentada, el TSJIB ordenó en 2009 la revocación de la licencia y la demolición de las edificaciones. A partir de ese momento, el Consell impulsó una revisión de los límites de los conjuntos BIC, lo que derivó en el actual proceso judicial.
El caso involucra a varios exmiembros del gobierno de Gent per Formentera, aunque la Fiscalía no mantiene cargos contra Sonia Cardona ni Josep Mayans.
