El Gobierno español logró aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que busca transformar la forma en la que se mueve el país, reduciendo la huella de carbono del transporte y fomentando medios más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
El texto fue aprobado tras una jornada de intensas negociaciones y marca un paso decisivo hacia la modernización del sistema de movilidad nacional, con implicaciones directas para empresas, administraciones y ciudadanos.
¿De qué trata la Ley de Movilidad Sostenible?
La nueva ley establece un marco legal común para organizar el transporte del futuro en España, con especial atención a la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.
Su objetivo principal es reducir las emisiones contaminantes del sector, responsable de alrededor del 27 % de los gases de efecto invernadero del país, y promover un cambio estructural hacia medios de transporte más limpios.
Además, la ley reconoce por primera vez la movilidad como un derecho social básico, lo que implica que las administraciones públicas deberán garantizar un acceso equitativo a las opciones de transporte, independientemente del lugar de residencia o la situación económica de los ciudadanos.
La norma también fija la creación de un sistema de financiación estable para las infraestructuras de transporte, con criterios medioambientales y de cohesión territorial.
Punto por punto, las reformas que plantea
El texto aprobado incluye una batería de medidas que impactarán directamente en el día a día de las empresas, los viajeros y las ciudades.
Uno de los ejes centrales es la obligación de las empresas con más de 200 empleados de elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo, con el fin de reducir desplazamientos en vehículo privado y fomentar el transporte público, compartido o eléctrico. Esta medida afectará a miles de compañías en todo el país, que deberán adaptar sus políticas laborales y logísticas en los próximos meses.
Otro punto destacado es la electrificación progresiva de la red ferroviaria y la limitación de los vuelos domésticos cuando exista una alternativa en tren con trayectos inferiores a 2 horas y media. Con esto, el Gobierno busca reducir la huella de carbono del transporte aéreo y potenciar los viajes sostenibles.
La ley también incluye la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, para actualizar la clasificación de los vehículos según sus emisiones reales, y establece nuevas obligaciones de información para las empresas de transporte sobre el impacto ambiental de sus servicios. A su vez, promueve la creación de corredores verdes logísticos para mercancías y la digitalización del transporte urbano y metropolitano.
Cuándo entra en vigor esta nueva normativa
Aunque el texto ya fue aprobado por el Congreso, aún debe ser ratificado en el Senado antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Si el calendario legislativo se mantiene, la Ley de Movilidad Sostenible entrará en vigor en el primer semestre de 2026, aunque algunas medidas concretas (como los planes empresariales de movilidad o los ajustes en las etiquetas medioambientales) contarán con un plazo adicional de hasta 18 meses para su aplicación completa.
El Ejecutivo considera que esta ley será una de las piezas clave para acceder a más de 10.000 millones de euros en fondos europeos destinados a la modernización del transporte y la reducción de emisiones. Desde el Ministerio de Transportes destacaron que la normativa “marca un antes y un después en la política de movilidad de España”, mientras que colectivos ecologistas dicen que se trata de una oportunidad histórica para impulsar una movilidad más limpia, segura y eficiente.
