El Consell Insular de Formentera ha dictado una resolución sancionadora que propone una multa de 292.899,94 euros y ordena la demolición de una ampliación y un anexo edificados sin licencia urbanística en una finca situada en la zona de Es Cap de Barbaria, una de las áreas más protegidas del territorio insular.
Según ha detallado la institución, las obras consisten en la ampliación del volumen principal del edificio (30,70 m²) y la construcción de un anexo conectado mediante un pasadizo (73,50 m²), con un presupuesto de ejecución material de 106.509,07 euros. Estas actuaciones constituyen una infracción urbanística muy grave, conforme al artículo 167 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears.
Una denuncia policial dio origen al expediente
El procedimiento se inició tras una denuncia de la Policía Local en febrero de 2023, lo que llevó a la apertura de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística. Este concluyó en mayo de 2024 con una orden de demolición. Posteriormente, el expediente inicial caducó por motivos de plazo, pero el Consell reactivó el proceso con un nuevo expediente sancionador, que ahora ha llegado a resolución firme.
La sanción impuesta equivale al 275 % del valor de las obras ejecutadas, además de la demolición obligatoria de las construcciones ilegales, con el fin de restablecer la legalidad urbanística en la zona afectada.
“Un trabajo técnico riguroso para defender la legalidad”
El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, ha subrayado que el expediente es un ejemplo del trabajo técnico y riguroso que se desarrolla desde el Consell para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística. Serra ha afirmado que “la sanción demuestra que la labor no se detiene y que se tramitan los expedientes atrasados al mismo tiempo que se da salida a los registrados recientemente”.
El Consell de Formentera ha intensificado en los últimos meses la supervisión de obras en suelo rústico y la aplicación de sanciones urbanísticas para frenar actuaciones ilegales que alteren el entorno natural de la isla.
