El caso que durante años ha enfrentado públicamente a Belén Esteban y su exrepresentante Toño Sanchís llega por fin a los tribunales. Este lunes 13 de octubre comienza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el presunto delito continuado de apropiación indebida del que se acusa al exmánager, con una pena solicitada por la Fiscalía de tres años y medio de prisión.
El Ministerio Público también solicita que Sanchís indemnice con 339.549 euros a la sociedad Bem Imaging S.L., administrada por la colaboradora televisiva, y que pague una multa de 3.600 euros. La acusación sostiene que durante años, el exrepresentante aprovechó su acceso a las facturas y al dinero de los contratos para obtener beneficios económicos indebidos.
Un contrato basado en la confianza
El origen del conflicto se remonta al 13 de mayo de 2009, cuando la artista (actuando en nombre propio y de Producciones Bem S.L.) firmó un contrato con Agencia de Servicios Lorant S.L., sociedad dedicada a la representación artística, de la cual Sanchís era socio al 50 %. El acuerdo establecía que la agencia actuaría como representante exclusivo de Esteban, recibiría los pagos de sus trabajos y, posteriormente, abonaría el importe a la artista con una comisión del 20 %.
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Sin embargo, la Fiscalía señala que, «por la confianza existente entre las partes», era el propio Sanchís quien confeccionaba las facturas en nombre de la sociedad de Esteban. Y fue precisamente esa confianza la que, según el escrito acusatorio, permitió que se aplicaran comisiones superiores a las pactadas, generando un “ilícito enriquecimiento patrimonial”.
Una cifra que supera los 360.000 euros
El total apropiado, de acuerdo con el Ministerio Público, asciende a 362.248 euros más el IVA correspondiente, lo que supone una cuantía global que supera los 388.000 euros. Una vez roto el contrato en diciembre de 2015, tras detectarse las irregularidades, la colaboradora de Sálvame y Gran Hermano VIP emprendió una acción judicial contra su exrepresentante y la agencia.
La demanda fue estimada en su totalidad por un juzgado de Torrejón de Ardoz, sentencia que más tarde fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, el condenado no abonó voluntariamente la deuda, y la recuperación del dinero ha sido parcial.
Un proceso de ejecución frustrado
Pese al fallo judicial a su favor, Belén Esteban solo ha conseguido recuperar 49.318 euros en efectivo y otros 375.000 euros mediante la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo, la cual estaba gravada con una hipoteca pendiente de más de 200.000 euros, según detalla el escrito del fiscal.
“Llevo años intentando recuperar lo que es mío y ha sido imposible porque dice que es insolvente”, afirmó recientemente Esteban en televisión. “Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío”, añadió.
Una ruptura personal y profesional
La relación entre ambos fue durante años una de las más sólidas en el mundo del corazón, pero terminó de manera abrupta y mediática. Belén Esteban no solo perdió a su representante, sino también a un amigo personal con el que compartía vida profesional y confianza.
Según explicó la propia colaboradora, fue al revisar las cuentas y recopilar facturas cuando descubrió que en algunos trabajos no había cobrado nada o había recibido cantidades muy inferiores a las pactadas. En algunas ocasiones ni siquiera sabía que le habían contratado, declaró en una de sus múltiples apariciones en Sálvame.
El caso generó un enorme interés mediático, con múltiples tertulias televisivas analizando cada paso judicial y cada nueva declaración pública.
Una batalla que trasciende lo económico
El conflicto entre Belén Esteban y Toño Sanchís ha traspasado lo meramente contractual. Se ha convertido en un símbolo de traición profesional, con fuertes implicaciones emocionales para la televisiva, que ha mantenido desde el principio una posición de firmeza: recuperar lo que es suyo.
“Esto ya está en manos de mis abogados y voy a por él. Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío”, declaró Esteban. Y es precisamente lo que ocurre ahora: por fin, después de casi una década de tensiones, un tribunal penal analizará los hechos y decidirá si hay responsabilidad penal.
