El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este martes en el Parlament que el Govern balear «no pondrá palos en las ruedas» a la implantación de nuevas universidades privadas en las Islas.
Costa ha hecho estas declaraciones durante una interpelación formulada por el diputado socialista Carles Bona, que le ha pedido explicaciones sobre las reuniones mantenidas por el Ejecutivo autonómico en el proceso de redacción de los diferentes proyectos de ley y decretos aprobados en esta legislatura.
Debate sobre el CEU San Pablo
Buena parte de la intervención del socialista se ha centrado en criticar la supuesta intención del Govern de facilitar la llegada de la Universidad CEU San Pablo a Mallorca, a través del decreto de agilización de proyectos estratégicos, que decayó hace unas semanas por falta de apoyo de Vox.
El conseller ha defendido la utilidad de las universidades privadas para «complementar la oferta» de la Universitat de les Illes Balears (UIB), cuyo presupuesto —ha recordado— se ha incrementado en esta legislatura.
«Cuantas más personas formadas en educación superior haya, mejor para Baleares. Necesitamos capital humano para impulsar el proceso de transformación económica que queremos», ha afirmado Costa, que también ha apuntado que «no siempre se puede atraer talento de fuera, pero si podemos formarlo aquí, ya nos va bien».
El también vicepresidente del Govern ha añadido que el del CEU San Pablo «no es el único proyecto de universidad privada» con interés en implantarse en las Islas.
«Este Govern no pondrá ni un palo en las ruedas para que puedan hacerlo. La oferta pública de la UIB debe ser complementada con la privada. Se llama libertad», ha sentenciado.
Bona acusa al Govern de favorecer intereses privados
Por su parte, Carles Bona ha criticado duramente los trámites impulsados por el Ejecutivo para facilitar la llegada del CEU San Pablo a Mallorca y ha insinuado que los decretos autonómicos están redactados por intereses externos.
«¿Quién está escribiendo el decreto ley que salvará el último decreto no convalidado con el cambio de uso urbanístico incluido?», ha preguntado el diputado, sugiriendo que el texto fue pactado con Vox desde julio, justo cuando el CEU anunció la compra del antiguo hotel Riskal.
El socialista ha acusado al Govern de «saltarse la ley» al permitir que el Cesag, otro centro universitario privado, firmara un convenio con el IbSalut para que sus alumnos pudieran realizar prácticas en hospitales públicos, algo que, según él, contraviene la normativa que impide que un hospital universitario esté vinculado a más de una universidad para las mismas titulaciones.
Bona ha advertido de que el Ejecutivo podría «repetir la jugada» con el CEU San Pablo si le permite impartir titulaciones sanitarias con acceso a prácticas en centros públicos.
«Nos preocupa que la acción de este Govern esté destinada a favorecer intereses particulares que acaban redactando las leyes que se publican en el BOIB», ha denunciado, exigiendo «garantías de que no se usan los decretos ley para fines privados».
Costa responde: «Si tiene pruebas, llévelas a los juzgados»
En su turno de réplica, Antoni Costa ha defendido que todas las normas del Govern han sido redactadas por los servicios jurídicos de la Administración.
«Si tiene alguna prueba, llévelas a los juzgados. Y si no, deje de hacer especulaciones que son simples mentiras», ha contestado al socialista.
El conseller ha acusado a Bona de «confundir sus deseos con la realidad» y ha añadido:
«Si quiere una realidad y no una ficción, mire las toneladas de corrupción que su partido tiene en Madrid».
Reuniones con sectores económicos y sociales
En respuesta a las preguntas del diputado del PSIB, Costa ha detallado las reuniones que el Govern ha mantenido con diversos sectores económicos y sociales para escuchar aportaciones sobre los proyectos legislativos impulsados.
Ha explicado que, por ejemplo, para la redacción del decreto de obtención de suelo, posteriormente tramitado como ley, el Ejecutivo mantuvo contactos «de forma continuada» con colegios profesionales (aparejadores, arquitectos técnicos, ingenieros o agentes inmobiliarios), así como con asociaciones de promotores y constructores, los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma.
«¿Ustedes no se reunían con promotores? ¿La señora Armengol no anunció 14.000 viviendas asequibles después de reunirse con ellos? ¿No se acuerda de esa foto?», ha ironizado Costa.
El vicepresidente ha añadido que, para la ley de conciliación, se reunieron con sindicatos y patronales, y para la ley de polígonos industriales, con representantes empresariales y colegios profesionales.
