El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha decidido no declarar ante el Tribunal Supremo, al que fue citado este miércoles en el marco de la investigación del caso Koldo. La comparecencia, que se prolongó durante unos 40 minutos, terminó con el exdirigente socialista acogiéndose a su derecho a guardar silencio y alegando sentirse “indefenso” por tener que acudir con un abogado con el que había roto su relación profesional.
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, le había convocado después de recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla presuntos desembolsos de 95.437 euros de origen no declarado, vinculados a “ingresos en metálico” percibidos durante su etapa como ministro. Según ese documento, parte del dinero habría sido entregado en sobres con el membrete del PSOE y procedería directamente de Ferraz.
Las acusaciones populares piden prisión para Ábalos
La jornada en el Alto Tribunal estuvo marcada por la petición de prisión preventiva formulada por ocho de las nueve acusaciones populares personadas en la causa, encabezadas por el Partido Popular. El abogado del PP solicitó que se decretara el ingreso inmediato en prisión del exministro o, de manera subsidiaria, una fianza de 650.000 euros para eludirla.
El único grupo que no suscribió esta solicitud fue Adade, que decidió desmarcarse del resto de las acusaciones. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción, representada por su jefe, Alejandro Luzón, no secundó la petición y descartó solicitar el encarcelamiento del exdirigente socialista.
Durante la vistilla para revisar las medidas cautelares, Luzón argumentó que el nuevo informe de la Guardia Civil refuerza los indicios de criminalidad contra Ábalos, pero consideró que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifique un endurecimiento de las condiciones.
Una tensa comparecencia ante el juez
Ábalos acudió al Supremo a las 9.15 horas, llegando solo en un taxi tras dejar su vehículo en el Congreso de los Diputados. A diferencia de anteriores comparecencias, no le acompañaba su abogado de confianza, José Aníbal Álvarez, con quien había mantenido un desencuentro que derivó en la ruptura de su defensa. El letrado llegó más tarde al edificio del Alto Tribunal.
Al iniciar la sesión, el exministro manifestó al juez su malestar por tener que comparecer con un abogado con el que ya no mantenía relación profesional: “Estoy sufriendo indefensión por tener que comparecer con un abogado con el que he roto relación. En estas circunstancias no he podido preparar mi declaración”, explicó Ábalos.
El magistrado Puente lo interrumpió de inmediato para recordarle que debía limitarse a informar si iba a declarar o no. “Esto no es el Congreso”, le advirtió el juez.
Según fuentes presentes en la sala citadas por El Mundo, el exministro respondió con ironía: “Fraude de ley sería dejar ahora mi acta de diputado”. El juez había considerado un “fraude de ley” el intento de Ábalos de cambiar de abogado justo antes de la citación, ya que, según el tribunal, ese movimiento podría haber tenido como fin retrasar la comparecencia.
Medidas cautelares en vigor
Actualmente, José Luis Ábalos permanece en libertad con medidas cautelares, que se mantienen tras la vista de este miércoles. El diputado del Grupo Mixto está obligado a comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio, tiene el pasaporte retirado y tiene prohibido abandonar el territorio nacional.
El fiscal Luzón destacó durante su intervención que el investigado ha cumplido con todas las citaciones judiciales y que mantiene un fuerte arraigo en España, tanto por su condición de diputado como por su trayectoria política. “Ha comparecido en las cuatro ocasiones en que ha sido citado y lleva desde febrero cumpliendo todas las medidas cautelares impuestas”, señaló el fiscal jefe de Anticorrupción.
Por estos motivos, la Fiscalía consideró innecesario endurecer las restricciones actuales, a pesar de reconocer que los nuevos hallazgos de la UCO aumentan la gravedad de los hechos investigados.
El origen del dinero bajo sospecha
El informe de la Guardia Civil que ha motivado la citación ante el Supremo apunta a una serie de movimientos de dinero en metálico no justificados desde que Ábalos asumió el cargo de ministro en 2018. Los agentes identificaron pagos y desembolsos por valor de 95.437 euros, de los cuales una parte habría sido entregada en sobres oficiales del PSOE.
Estos hallazgos se suman a los indicios ya detectados en la investigación del caso Koldo, una trama que involucra a varios antiguos colaboradores del exministro y que investiga presuntos sobornos en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente evalúa ahora la documentación remitida por la UCO, mientras el equipo de la Fiscalía continúa analizando el posible origen ilícito del dinero y su conexión con empresas vinculadas al Ministerio de Transportes durante la gestión de Ábalos.
Próximos pasos judiciales
Tras la negativa del exministro a declarar, el magistrado del Supremo deberá resolver en los próximos días si mantiene las medidas cautelares actuales o si atiende parcialmente las peticiones de las acusaciones populares.
De momento, todo apunta a que Ábalos seguirá en libertad provisional, aunque bajo la vigilancia de la Justicia, mientras la Fiscalía Anticorrupción y la UCO profundizan en el análisis del dinero detectado en su entorno.
