El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional investiga ya el teléfono móvil de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación a El Mundo, los agentes han logrado desbloquear el dispositivo y acceder a todo su contenido, incluidos los mensajes y perfiles en redes sociales.
Este paso es clave para esclarecer el caso y determinar la existencia del acoso que la joven habría sufrido desde la primavera pasada por parte de tres compañeras de clase en el colegio Irlandesas de Loreto. Según la familia, el centro no activó los protocolos contra el acoso escolar a los que estaba obligado, a pesar de las reiteradas advertencias de la madre.
El contenido del teléfono de la menor se incorporará al atestado policial que prepara el Grume, donde se identificarán a las presuntas acosadoras y se determinará su edad. Este detalle será fundamental para definir las posibles responsabilidades penales, ya que las menores de 14 años son inimputables jurídicamente.
La Fiscalía abre un expediente de reforma juvenil
El análisis del móvil y el informe policial servirán de base al expediente de reforma juvenil que la Fiscalía de Sevilla acordó abrir este lunes. Se trata del primer paso judicial para determinar si las presuntas acosadoras incurrieron en un delito y qué medidas se pueden aplicar en su caso.
Sin embargo, la actuación del Ministerio Público no se limita a las menores. La Fiscalía también ha abierto un segundo expediente, en este caso de supervisión, para evaluar la actuación de la dirección del colegio Irlandesas de Loreto.
Fuentes fiscales indicaron que se investigará si los responsables del centro cumplieron con sus obligaciones legales una vez tuvieron conocimiento de las denuncias de la familia. Si de este expediente se concluyera que el colegio incurrió en algún tipo de delito, se abrirían diligencias penales de investigación.
El objetivo, según explican, es “hacer una evaluación más completa de lo que hicieron y, sobre todo, de lo que no hicieron los directivos del centro ante la situación de acoso denunciada”.
La Junta confirma que el colegio incumplió los protocolos
La decisión de la Fiscalía llega después de que los inspectores de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía confirmaran que el colegio no activó el protocolo de acoso escolar pese a los indicios existentes.
Además, la administración autonómica ha constatado que tampoco se puso en marcha el protocolo de prevención de conductas autolíticas, pese a que la menor ya había intentado suicidarse con anterioridad.
Por este motivo, la Junta ha abierto un expediente administrativo contra el centro y ha remitido sus conclusiones al Ministerio Público. En función del resultado, el colegio podría enfrentarse a la pérdida de su concierto educativo con la Consejería, lo que implicaría quedarse sin financiación pública.
Fuentes del Gobierno andaluz han precisado que esta medida “se podría adoptar si se demuestra un incumplimiento grave de las condiciones del concierto”.
Crece la presión sobre el colegio y las presuntas acosadoras
La presión en torno al colegio Irlandesas de Loreto se ha intensificado durante los últimos días. La Policía mantiene presencia constante en los alrededores del centro para prevenir incidentes y garantizar la seguridad, después de que se registraran pintadas amenazantes, lanzamiento de objetos y enfrentamientos verbales con algunos padres.
Además, en redes sociales han proliferado mensajes y publicaciones que señalan directamente a las presuntas acosadoras, incluso compartiendo fotografías y datos personales a pesar de que se trata de menores de edad.
Ante esta situación, la familia de Sandra ha hecho un llamamiento a la calma. Isaac Villar, tío de la menor y portavoz familiar, declaró a El Mundo que “no queremos que nadie pase por esto”, y pidió que se eviten las represalias o el acoso hacia las jóvenes señaladas y hacia la comunidad educativa.
“No hicieron nada”: las denuncias previas de la familia
Desde el principio, la familia de Sandra ha sostenido que el colegio ignoró las advertencias sobre el acoso que sufría la adolescente. Su madre denunció la situación en dos ocasiones: la primera a finales del segundo trimestre del curso pasado, y la segunda en septiembre, justo antes de que comenzara el nuevo curso escolar.
En declaraciones al mismo medio, el tío de la joven fue contundente: “No hicieron nada”, en referencia a la falta de respuesta del centro. La familia asegura que la menor era insultada y humillada por un grupo de compañeras desde hacía meses y que, a pesar de las quejas formales, no se tomaron medidas disciplinarias ni se ofreció apoyo psicológico adecuado.
Una comunidad educativa bajo tensión
El suicidio de Sandra ha provocado una profunda conmoción en el colegio y en toda Sevilla. La comunidad educativa se encuentra sumida en una tensión creciente, que combina el dolor por la pérdida con el malestar por la gestión del centro.
Algunos padres de alumnos, que han preferido mantener el anonimato, han expresado su temor por la seguridad de sus hijos ante el clima de hostilidad que se vive en las inmediaciones del colegio. “Tememos que esta ola de ataques y de señalamientos termine afectando a todos los alumnos”, comentó uno de ellos, subrayando la necesidad de “proteger a los niños de un entorno cada vez más violento y dividido”.
Posibles consecuencias legales y administrativas
Mientras avanza la investigación judicial, el colegio enfrenta dos frentes paralelos: el penal y el administrativo.
Por un lado, la Fiscalía determinará si hubo delito por omisión o negligencia en la gestión del caso. Por otro, la Consejería de Educación decidirá si las irregularidades detectadas suponen un incumplimiento grave que justifique la retirada del concierto educativo.
“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro la que deba depurar responsabilidades internas”, añadieron fuentes de la Junta.
