El bloqueo anunciado por Junts per Catalunya ha sacudido la agenda legislativa del Ejecutivo y pone en riesgo algunas de las leyes más importantes que el Gobierno esperaba aprobar en las próximas semanas.
Según adelantó ElDiario.es, la formación independentista ha decidido retirar su apoyo a todas las iniciativas impulsadas por Moncloa, salvo unas pocas excepciones, lo que complica seriamente el desarrollo de la legislatura.
De qué manera afectará el bloqueo de Junts
La decisión de Junts implica que 21 proyectos de ley actualmente en tramitación quedarán prácticamente congelados. Entre ellos, destacan el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria, piezas fundamentales para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
El Gobierno de Pedro Sánchez contaba con estas medidas para medir el pulso político en el Congreso, pero sin el apoyo de los siete diputados de Junts, el Ejecutivo carece de los votos suficientes para sacarlas adelante.
La portavoz del grupo, Míriam Nogueras, fue tajante: “Sin los votos de Junts, no pueden aprobar medidas”, advirtió, dejando claro que cada iniciativa del Ejecutivo enfrentará una enmienda a la totalidad.
Las leyes más afectadas por la ruptura
El nuevo escenario bloquea varios proyectos estratégicos para Moncloa: entre los más relevantes figura la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que pretende transferir la dirección de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales.
La propuesta también busca limitar la acusación popular, impedir que los partidos políticos la utilicen y establecer que solo pueda ejercerse con un “vínculo legítimo” con la causa. Esta medida ha sido calificada por la oposición como la “ley Begoña”, aludiendo a las investigaciones que afectan a la esposa del presidente.
Otro proyecto que podría quedar encallado es la nueva Ley de Información Clasificada, que sustituiría a la actual normativa heredada del franquismo. El texto establece una desclasificación automática de documentos secretos tras ciertos plazos, con categorías que van desde “Restringido” hasta “Alto Secreto”.
También se verían afectados la Ley de Industria, la de protección al consumidor, una reforma del sistema financiero y varias transposiciones de directivas europeas.
Junts, de socio central a obstáculo político
Hasta ahora, Junts había sido un aliado discreto pero crucial para el Gobierno. De acuerdo con los datos citados por ElDiario.es, el partido de Carles Puigdemont votó a favor del Ejecutivo en el 80% de las iniciativas debatidas durante la legislatura, apoyando 93 de casi 120 leyes. Su voto resultó decisivo en 12 de las 13 derrotas parlamentarias del Gobierno, lo que demuestra el poder que conserva en un Congreso fragmentado.
Sin embargo, la ruptura de esta alianza abre un nuevo escenario de inestabilidad: Nogueras ha advertido que Junts no apoyará nuevas leyes aprobadas por el Consejo de Ministros y que registrará enmiendas a todas las que lleguen al Congreso firmadas por el Ejecutivo.
Las pocas excepciones al veto
A pesar del bloqueo, Junts ha confirmado que mantendrá su apoyo a ciertas normas previamente acordadas con el Gobierno. Entre ellas, la ley ELA, que destina 500 millones de euros para la atención de personas afectadas por esta enfermedad; la ley de atención a la clientela, la ley de economía social, la ley del cine y la ley de movilidad sostenible, que ya se encuentra en el Senado.
El resto de la agenda legislativa del Ejecutivo queda en pausa hasta que se logre recomponer la relación con la formación independentista, que insiste en su intención de ejercer presión política en cada votación.
