La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este martes que se revisará la Ley de Costas y que se volverá a tramitar «respetando» la sentencia del Tribunal Supremo que había declarado nulo el Real Decreto de 2022 que modificaba el reglamento general de costas.
Ribera lo hizo tras responder a una pregunta del senador del Partido Popular Miguel Ángel Jerez Juan, quien había cuestionado a la ministra sobre la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de febrero, argumentando que el reglamento «no tenía en cuenta a los ciudadanos y afectados por la Ley de Costas».
Según Ribera, la sentencia del TS «no modifica ni una coma del reglamento», el cual fue creado para «garantizar seguridad jurídica» a todas las personas, vecinos o titulares de cualquier concesión o uso en dominio público y zonas de servidumbre «que quedaron desamparadas con la ley Cañete».
Esto último en clara referencia a la anulación, por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Costas, del exministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Ángel Cañete, «precisamente por las barbaridades de las Salinas de Formentera».
Daños en la zona del litoral
La ministra mencionó los daños en esa zona del litoral balear donde existen praderas de posidonia y gran riqueza biodiversa y ha asegurado que el Gobierno «seguirá haciendo lo que ha hecho desde el primer momento, respetar y defender el dominio público terrestre pensando en las personas y en la legalidad».
La ministra ha destacado el respeto por el medioambiente y ha citado el «alicatado peligroso del litoral balear» con licencias urbanísticas «sin ningún control». También ha adjuntado ejemplos durante los gobiernos de Gabriel Cañellas (1983-1995) y Jaume Matas (2003-2007) en Baleares.
Finalmente, en respuesta a la petición de Jerez de mantener reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la ministra ha señalado que mantiene reuniones con «todo el mundo».
Nulidad
El Tribunal Supremo había declarado nulo el real decreto de 2022 que modificó el reglamento general de costas por omisión del trámite de consulta pública en una sentencia en la que estima el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas.
Esta mañana, la presidenta de Govern, Marga Prohens, había celebrado que el Tribunal Supremo anule el decreto que reformó el Reglamento de Costas y que estime el recurso de Formentera, en contra del deseo del presidente español, Pedro Sánchez. La popular ha asegurado que es un reglamento «insensible» que amenaza a «nuestro litoral, restaurantes e incluso viviendas» y que «no iba a proteger a nadie porque nadie ama ni protege más de cerca como la gente que vive en el litoral«.