La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP); al vicepresidente, Fernando Giménez (PP); y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), en una operación que ha sorprendido a toda la provincia. Las detenciones se han practicado a primera hora de la mañana y los agentes tienen previsto realizar registros en varios domicilios, según indicaron fuentes próximas al caso a EFE.
Aunque por ahora no se han detallado los delitos concretos que motivan los arrestos, la operación se produce en pleno avance de la investigación del conocido como caso ‘Mascarillas’, que examina presuntas comisiones ilegales en contratos públicos adjudicados durante la pandemia.
El caso ‘Mascarillas’, el telón de fondo
El vicepresidente Fernando Giménez y el alcalde Rodrigo Sánchez ya estaban investigados judicialmente por este caso, que analiza contratos de suministro de material sanitario tramitados por la Diputación en los meses más críticos del covid. En el centro de la causa está un expediente valorado en 2,03 millones de euros.
A principios de este mes, el PSOE —que ejerce la acusación popular— pidió que se llamara a declarar al presidente provincial, Javier A. García, alegando nuevas contradicciones: el partido señalaba “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y se apoyaba en datos recientes aportados por la UCO en un atestado del 25 de abril.
Lo que el PSOE exigía aclarar
Los socialistas reclamaban que García explicara cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas, al considerarlo responsable último de la firma del contrato bajo sospecha. Se trataba de delimitar si existían indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.
Además, el PSOE pedía que la Diputación aportara la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, detallando funciones y adscripción. También solicitaba identificar a los miembros asignados al área del entonces diputado Óscar Liria y del actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados.
Un chat que avivó las sospechas
Entre la documentación mencionada por los socialistas figuraban mensajes pertenecientes a un grupo de mensajería denominado “Naranjito”, en el que, según consta, habrían participado Javier A. García, Óscar Liria y Fernando Giménez. En el atestado se recoge literalmente uno de esos mensajes, en el que García escribe: “Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!”.
Para el PSOE, este intercambio “pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos” y justificaba la incorporación íntegra del chat a la causa. Con este contexto, la detención del presidente y del vicepresidente provincial adquiere una dimensión política y judicial aún más relevante.
Registros, detenciones y un caso en plena ebullición
Durante la mañana, la UCO tiene previsto continuar con los registros mientras se esclarece si las detenciones están directamente vinculadas al caso ‘Mascarillas’ o a otras líneas de investigación. Por ahora, las autoridades no han detallado los hechos concretos atribuidos a cada uno de los detenidos.
Lo que sí confirman las fuentes consultadas es que los arrestos se producen en un momento clave, cuando la instrucción judicial avanzaba hacia nuevas diligencias y con la presión de la acusación popular pidiendo ampliar responsabilidades.
Una crisis con impacto político inmediato
Las detenciones afectan de lleno a la cúpula del Partido Popular en Almería: Javier A. García no solo preside la Diputación, sino que es también presidente del PP provincial. Su arresto supone un terremoto político que anticipa consecuencias internas y externas dentro de la formación.
Mientras tanto, la instrucción judicial continúa avanzando, impulsada por la actividad de la UCO y por los atestados que siguen aportando datos sobre los contratos investigados durante la pandemia.
Con los tres cargos detenidos, registros en marcha y un caso reactivado, la causa se adentra en una fase decisiva que podría modificar por completo el mapa político de la provincia.
