El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso presentado contra la ley balear que regula los llamados “proyectos residenciales estratégicos”. La acción ha sido impulsada por diversas entidades ciudadanas y cuenta con el apoyo formal de más de cincuenta diputados de los grupos Socialista, Sumar/Més y Mixto (Podemos), además del trabajo de los equipos jurídicos correspondientes.
La Ley 4/2025, aprobada por el Parlament balear, permite la construcción de viviendas en suelo rústico sin dotación de servicios previos en municipios de más de 20.000 habitantes, así como en suelo urbano y urbanizable de localidades superiores a 10.000 habitantes. Asimismo, autoriza que estos proyectos modifiquen las condiciones de los planeamientos municipales vigentes, incrementen la densidad residencial máxima prevista y eleven los coeficientes de edificabilidad.
Según denuncian sus críticos, esta normativa puede dejar de lado necesidades básicas en materia urbanística, como la previsión de aparcamientos, redes de abastecimiento u otros elementos esenciales. Además, las promociones acogidas a la ley se benefician del denominado “silencio positivo”, que facilita la tramitación en caso de ausencia de respuesta administrativa.
Cuatro argumentos clave del recurso
El recurso de inconstitucionalidad admitido se enmarca en un contexto de defensa del territorio, los derechos fundamentales y el derecho a una vivienda digna. Desde el punto de vista territorial, sostiene que la ley:
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Vulnera el principio de seguridad jurídica y altera la jerarquía normativa, utilizando mecanismos excepcionales para modificar de forma repentina el planeamiento urbanístico y la regulación del suelo rústico.
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Afecta a la autonomía municipal e insular, ya que impone procesos que diluyen las competencias de los ayuntamientos y consells en favor de decisiones adoptadas por el Govern.
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Incumple la legislación estatal en urbanismo, medio ambiente y protección del suelo rústico, al establecer mecanismos de “silencio positivo” y regularizaciones exprés que pueden reducir la participación ciudadana y el control ambiental.
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Reduce la protección del suelo rústico, generando lo que las entidades consideran una “amnistía encubierta” de actividades y construcciones que, en condiciones ordinarias, habrían sido declaradas ilegales, creando desigualdades entre la ciudadanía.
Un aumento de la presión urbanística sobre el campo
La admisión de este recurso se suma al que ya estudia el Tribunal Constitucional contra la Ley 7/2024, de medidas urgentes de simplificación administrativa. Las entidades denuncian que el Parlament está promoviendo textos legales que, de forma reiterada, apuntan hacia el suelo rústico, trasladando la presión urbanística del litoral y las áreas urbanas hacia el campo.
Aseguran que estas intenciones suelen presentarse bajo argumentos como la simplificación de trámites, la ayuda al sector agrario o la ampliación de la oferta de vivienda; sin embargo, en la práctica —advierten— se están impulsando operaciones de carácter especulativo en suelo rústico.
Advertencia a los ayuntamientos
Desde el GEN-GOB advierten que esta admisión a trámite debe interpretarse también como un aviso para los ayuntamientos. Si el recurso prospera y el Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma, serán los consistorios que hayan otorgado permisos bajo el amparo de esta ley quienes tendrán que afrontar las consecuencias, incluidas las reclamaciones y presiones procedentes de los promotores.
La organización ecologista ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la elaboración del recurso y se muestra confiada en que este prospere, destacando que la decisión del Tribunal es un paso más en la defensa del territorio y contra la especulación urbanística en Baleares.
