En un hecho inédito en la historia judicial española, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado este jueves a dos años de inhabilitación tras ser considerado responsable de difundir datos confidenciales relacionados con una investigación fiscal.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo concluyó que García Ortiz vulneró la reserva informativa al hacer públicos detalles de un procedimiento que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, investigado por presuntos delitos tributarios.
Cuáles son las otras sanciones que debe cumplir Álvaro García Ortiz
Además de la inhabilitación, la sentencia establece que García Ortiz deberá pagar una multa de 20 euros diarios durante un año, asumir los costes judiciales y abonar 10.000 euros de indemnización al afectado. El fiscal general aún tiene la posibilidad de recurrir el fallo.
Según el tribunal, la condena fue respaldada por cinco de los siete magistrados, quienes sostienen que García Ortiz autorizó la difusión de un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador. En ese intercambio, la defensa planteaba un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los delitos fiscales imputados y así evitar un proceso que pudiera convertirse en un escándalo público.
Qué fue lo que sucedió y cómo fue el proceso judicial
El episodio se produjo después de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, distribuyera a varios medios una versión distorsionada de los hechos: afirmaba que había sido la Fiscalía quien había promovido un pacto con González Amador. Algunos periódicos, entre ellos El Mundo, difundieron esa interpretación.
Ante la circulación de esa información, García Ortiz solicitó acceder a los correos originales con el objetivo de preparar un comunicado oficial que desmintiera la versión difundida desde el entorno de Ayuso. Esa decisión terminó desencadenando el proceso judicial que hoy lo deja a las puertas de una posible destitución.
