El Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional sin fianza de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares que lidera el PP, que alertaron de un “riesgo de fuga elevado” ahora que ambos afrontan hasta 30 años de cárcel por el presunto cobro de comisiones en contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. La decisión supone la primera vez que un diputado en activo entra en prisión, un precedente que marca el inicio del juicio.
El Supremo acepta las tesis de Fiscalía y acusaciones
Según fuentes jurídicas, el instructor Leopoldo Puente revisó esta mañana las medidas cautelares que pesaban sobre los investigados —retirada de pasaporte y comparecencias periódicas— antes de decidir su encarcelamiento. La Fiscalía, aseguran las mismas fuentes, subrayó que la gravedad de las penas incrementa la probabilidad de fuga, un argumento que el magistrado asume en el auto. En este punto, resulta relevante recordar que el Ministerio Público ya había endurecido su posición en informes recientes, como han recogido otras decisiones del Supremo.
Ábalos llega abatido y asegura al juez que no huirá
Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal —a las 9.12 horas, casi una hora antes—, visiblemente afectado, según fuentes presentes, que lo describen como “destrozado”. El exministro tomó la palabra al final de la vistilla para negar cualquier intención de fugarse: “No tengo dinero ni a dónde ir”, afirmó. Durante la espera, explican, fumó nerviosamente en los patios del antiguo palacio, un detalle que algunas fuentes enmarcan en su estado de ánimo.
La defensa denuncia vulneración de representación política
Su abogado, Carlos Bautista, incidió en que no existe riesgo de fuga y alertó de que enviar a prisión a un diputado sin condena firme podría suponer una vulneración del derecho a la representación política, un argumento que la defensa ya había planteado en fases anteriores del procedimiento. Además, sostuvo que un eventual ingreso en prisión podría interpretarse como “presión para forzar una declaración colaborativa”, aludiendo al caso del empresario Víctor de Aldama, que confesó tras pasar semanas encarcelado.
Koldo insiste en su arraigo familiar
Koldo García se ha presentado a la hora fijada y acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz, quien cuestionó sin éxito la competencia del Supremo y defendió que su cliente posee fuerte arraigo familiar —una madre mayor y una hija menor—, lo que impediría cualquier fuga. El exasesor también tomó la palabra: “No me voy a ir a ningún sitio”, dijo, añadiendo: “Todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, frase que algunos presentes interpretaron como una admisión indirecta de errores.
Duro alegato del fiscal: “Ningún poder puede eludir la acción penal”
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue especialmente contundente en la audiencia relativa a Ábalos, señalando que “ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal” y recordando que, en su opinión, “la pertenencia a un Gobierno permitió cometer los delitos investigados”. Según fuentes presentes, Luzón recalcó que la Justicia se representa “con una venda en los ojos”, insistiendo en la necesidad de aplicar el mismo criterio a todos los investigados.
Acusaciones y penas solicitadas
El 3 de noviembre, el juez Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el presunto cobro de comisiones vinculadas a la empresa Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos de material sanitario en plena pandemia. Fiscalía solicita 24 años para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa de 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, por su parte, elevan la petición a 30 años, sumando prevaricación y falsedad documental.
El caso mantiene conexiones directas con Baleares, donde el Govern presidido entonces por Francina Armengol adjudicó en 2020 un contrato de 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión —la misma empresa investigada en la trama— para la compra de material sanitario durante la pandemia. Las mascarillas resultaron no aptas para uso sanitario y la reclamación formal del importe no se inició hasta 2023, un retraso que ha generado exigencias de aclaración y debate político en las islas.
La situación de Aldama
Tanto Fiscalía como acusaciones reclaman 7 años de prisión para Aldama, a quien se le aplica atenuante por su “confesión”, clave —según fuentes del caso— para destapar la presunta trama que apuntaría al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
