La Agencia Tributaria introducirá a partir de enero de 2026 una de las reformas de control financiero más amplias de los últimos años. El organismo eliminará el límite de 3.000 euros a partir del cual los bancos estaban obligados a informar sobre los cobros con tarjeta realizados por empresarios y autónomos. Desde entonces, todas las operaciones —sin importar su importe— deberán ser comunicadas a Hacienda, según recoge un Real Decreto aprobado el 1 de abril.
La medida pretende cerrar lagunas informativas, reforzar la lucha contra el fraude fiscal y asegurar que las ventas declaradas por profesionales se ajustan a su actividad real. Además, la periodicidad de estos envíos cambiará: los bancos ya no remitirán datos una vez al año, sino todos los meses, lo que permitirá un seguimiento continuo por parte de la Agencia Tributaria.
Qué cambia para autónomos y empresas
El nuevo sistema obligará a bancos y entidades de pago a reportar mensualmente cualquier cobro realizado con tarjeta por parte de empresarios y autónomos. La norma incluye tarjetas físicas y virtuales, pagos con débito, crédito, dinero electrónico y también operaciones realizadas mediante Bizum, siempre que estén asociadas a una actividad profesional.
Los pagos entre particulares —como transferencias personales por Bizum— quedarán excluidos.
Esta información constante permitirá a la Agencia Tributaria cruzar datos con las declaraciones fiscales de los contribuyentes y detectar discrepancias de forma más ágil.
Nuevas obligaciones para los ciudadanos
Aunque el foco está en autónomos y empresas, los particulares también quedarán sujetos a nuevas exigencias. A partir de febrero de 2026, los bancos deberán informar mensualmente a Hacienda de todas las cuentas bancarias abiertas en España, ya sean corrientes, de ahorro o de crédito.
En el caso de los movimientos con tarjeta, Hacienda recibirá un informe anual que incluirá todos los abonos, cargos, recargas y retiradas de efectivo solo si el volumen anual supera los 25.000 euros. El objetivo es priorizar el seguimiento de tarjetas con gran actividad económica.
Una reforma para combatir el fraude fiscal digital
La expansión de los pagos electrónicos y plataformas como Bizum ha obligado a actualizar los mecanismos de supervisión. El Real Decreto adapta el Reglamento de Inspección Tributaria a este nuevo escenario, donde la mayor parte de las transacciones deja rastro digital y puede ser analizada.
Con los nuevos datos mensuales, Hacienda dispondrá de un mapa más completo y actualizado del movimiento de dinero en España. Esto permitirá identificar posibles irregularidades, actividades no declaradas y desajustes entre ingresos reales y fiscalidad.
Más control, mayor transparencia
El sistema implicará un esfuerzo adicional para bancos y entidades financieras, que deberán procesar y remitir grandes volúmenes de información de forma periódica. Sin embargo, el Gobierno espera que la reforma conlleve una mejora sustancial en la lucha contra el fraude y en la eficacia recaudatoria del sistema tributario.
