La implementación del nuevo software de facturación electrónica obligatorio, conocido como Sistema Verifactu e impulsado por la Agencia Tributaria (AEAT), ya no se hará efectiva con la llegada del año nuevo. A tan solo un mes de su fecha límite original, y tras una serie de críticas y peticiones de moratoria, el Gobierno ha confirmado un retraso en su puesta en marcha hasta el año 2027.
Esta decisión, según lo anunciado por el presidente del Gobierno, atiende a las negociaciones con Junts y se formalizará mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros.
¿Qué es y cómo funciona Verifactu?
El término Verifactu es la abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT». Se trata de un sistema diseñado por la Ley Antifraude para la verificación electrónica de facturas, buscando reforzar la lucha contra el fraude fiscal y promover una mayor transparencia en los procesos de contabilidad y facturación de profesionales y empresas.
La característica fundamental del sistema es que exige a los contribuyentes la emisión de facturas a través de un software certificado que debe enviar automáticamente la información transaccional a la Agencia Tributaria. Además de prevenir prácticas fraudulentas como la ocultación o la manipulación de facturas de venta, el sistema busca impulsar la estandarización y modernización digital de los sistemas informáticos empresariales en España.
Una medida aplazada tras la polémica
A pesar de su objetivo de digitalización y control fiscal, la iniciativa ha generado gran controversia desde su anuncio. Numerosas organizaciones empresariales y de autónomos, como ATA, han solicitado reiteradamente una prórroga para su obligatoriedad.
La preocupación era palpable entre las microempresas y pymes, especialmente en sectores como carnicerías, panaderías y pescaderías. Sus patronales argumentaban que sus negocios carecían del conocimiento técnico, el hardware adecuado y, sobre todo, que los elevados costes de adaptación del software y la falta de apoyo podrían comprometer su viabilidad.
Encuestas recientes indicaban que, a finales de noviembre, más del 60% del tejido empresarial no había iniciado aún el proceso de adaptación.
Nuevo calendario de entrada en vigor
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros amplía el plazo de adaptación un año completo, modificando el calendario inicial de la siguiente manera:
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Para empresas con facturación inferior a seis millones de euros: La obligatoriedad, prevista originalmente para el 1 de enero de 2026, se traslada al 1 de enero de 2027.
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Para más de 3,4 millones de autónomos: El plazo que comenzaba el 1 de julio de 2026 se extiende hasta el 1 de julio de 2027.
Esta ampliación ofrece un margen considerable para que los más de 3,4 millones de autónomos y las empresas de menor tamaño puedan asumir la inversión y la formación técnica necesarias para cumplir con los requisitos del nuevo sistema de facturación verificable.
