La crisis de la vivienda en Ibiza tiene rostro y nombre propio. Mónica Sánchez, trabajadora y madre de familia, lleva cinco años viviendo en el mismo piso de tres habitaciones en Vila con un contrato legal de alquiler y, según explica, pagando puntualmente los 1.400 euros mensuales.
Todo se tambalea cuando, en noviembre, el propietario les comunica que no renovará el contrato. “Nos deja a mi familia en una situación de total incertidumbre”, expone en una carta remitida a un organismo público de vivienda a la que ha tenido acceso La Voz de Ibiza.
«Los pisos similares empiezan en 2.500 euros»
A partir de ese aviso, comienza la peregrinación por portales inmobiliarios y agencias. Lo que encuentra Mónica dibuja un paisaje conocido para muchas familias ibicencas: precios disparados y condiciones casi imposibles.
Relata que, tras semanas de búsqueda, los pisos similares al suyo solo aparecen a partir de 2.500 euros, y que en “la mayoría de casos incluso 2.800 euros o más”. A eso se suman viviendas solo en alquiler para empresas, con condiciones de entrada que califica de “inasumibles”: meses por adelantado, honorarios de agencias, exigencia de nóminas muy elevadas, avales bancarios o requisitos “comparables a la concesión de una hipoteca”.
Mientras tanto, su realidad salarial va por otro lado. Mónica explica que en estos cinco años su sueldo no ha subido “ni un 10 %”, mientras que, en su experiencia, los alquileres en Eivissa han aumentado “más del 50 %”. “Hace imposible asumir una vivienda digna para familias trabajadoras como la mía”, denuncia.
Todo ello, sostiene, coloca a su hogar en “un escenario de alto riesgo de exclusión residencial”, porque «ni podemos asumir los alquileres actuales ni existe disponibilidad real de viviendas a precios accesibles».
Petición formal: ser reconocidos como familia en riesgo de perder la vivienda
En su escrito, Mónica no se limita a describir la situación. Pide que la administración registre oficialmente su caso y la considere unidad familiar en riesgo de pérdida de vivienda.
Solicita ser incluida en vías de acceso a vivienda pública o protegida, en programas de emergencia residencial y en alternativas habitacionales para familias con menores a cargo, con el objetivo de evitar que queden “en situación de desamparo”.
También reclama que se investigue si el contexto actual del mercado del alquiler en Ibiza, con “precios abusivos y condiciones inasumibles”, puede encajar en prácticas especulativas o contrarias al derecho a una vivienda digna, y que, en su caso, se remita el expediente al organismo competente.
Mónica pide, además, que se le comunique por escrito cualquier recurso, ayuda u opción disponible para su familia.
«No compartimos pisos porque somos familias normales, con hijos»
En la parte final de la carta, la vecina de Ibiza eleva el tono y generaliza su situación a la de muchas otras familias trabajadoras de la isla. “Las familias trabajadoras no podemos afrontar alquileres que duplican o triplican nuestros ingresos”, subraya, antes de apuntar a una realidad muy habitual: el hacinamiento y la obligación de compartir vivienda con desconocidos.
“No compartimos pisos porque somos familias normales, con hijos, que necesitamos estabilidad”, insiste. A su juicio, la situación se ha convertido, “a efectos prácticos, en un abuso que pone en riesgo nuestra dignidad y nuestro derecho básico a una vivienda”.
Un reto a los responsables públicos
La carta se cierra con una especie de desafío, dirigido a los responsables y técnicos de las administraciones competentes en vivienda. Mónica les invita a hacer el mismo ejercicio que ella:
Les propone realizar “tan solo una semana de búsqueda ficticia de vivienda en Ibiza” para comprobar “de primera mano la situación tan desesperante” que viven muchas familias. Y lanza una advertencia sobre lo que puede venir cuando se acerque la temporada turística: “Y eso que estamos en diciembre; cuando empiece a acercarse la temporada, prefiero ni imaginar el disparate que se avecina”.
Mientras el casero se prepara para no renovar su contrato y el mercado le ofrece únicamente alquileres de 2.500 euros en adelante, la carta de Mónica queda registrada como un testimonio más de la brecha creciente entre salarios y alquileres en Ibiza, una brecha que, como ella misma resume, amenaza con expulsar del mapa residencial a quienes sostienen el día a día de la isla.
