Los delitos vinculados a la ocupación ilegal de inmuebles y a la entrada no autorizada en viviendas han registrado un notable incremento en Ibiza durante el último año, según los datos judiciales disponibles hasta el mes de noviembre. Las cifras reflejan un aumento especialmente acusado en los casos de allanamiento de morada, así como un repunte sostenido de las usurpaciones y de los desahucios derivados del impago de alquileres.
En lo que respecta al allanamiento de morada, entendido como la entrada de intrusos en domicilios en los que residen sus propietarios o inquilinos, los casos casi se han duplicado en comparación con el ejercicio anterior. Hasta noviembre se han contabilizado 43 delitos, frente a los 25 registrados en el mismo periodo del año pasado. Este tipo de infracción, por afectar directamente a viviendas habitadas, suele ser objeto de tramitación prioritaria y puede resolverse con carácter inmediato, con sanciones económicas que, conforme al Código Penal, oscilan entre 300 y 400 euros, en función de las circunstancias del caso, según recoge IB3.
Por su parte, la usurpación de viviendas, que se produce cuando se ocupa un inmueble en el que el propietario no reside, también ha experimentado un incremento relevante. Hasta el 13 de noviembre se han presentado 107 denuncias, una cifra que ya supera en seis casos el total registrado durante todo el año anterior. A este balance habrá que añadir, además, las posibles denuncias que se formulen en las últimas semanas del año, lo que podría elevar aún más el cómputo final.
En relación con los desahucios por impago de alquiler, una situación que se da cuando el arrendatario deja de abonar la renta y no abandona la vivienda, hasta el 15 de noviembre se han llevado a cabo 285 lanzamientos judiciales. El ejercicio anterior cerró con 50 desahucios más, si bien desde el ámbito judicial se recuerda que el año en curso aún no ha concluido y que la diferencia podría reducirse antes de finalizar el periodo.
El juez decano de Ibiza, Sergio González, ha señalado a IB3 que todos estos procedimientos se encuentran entre las prioridades de los órganos judiciales de la isla. Según ha indicado, tanto los delitos relacionados con la vivienda como los desahucios por impago se intentan agilizar y resolver con la mayor celeridad posible, junto con otros asuntos de especial relevancia social, como los casos de abusos a menores y la violencia de género.
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