PSOE y Unidas Podemos han registrado una moción conjunta para exigir al Consell de Ibiza que rectifique la instrucción interna que impide a personas empadronadas sin DNI o NIE acceder a los abonos de transporte público gratuito, una medida que, según denuncian, afecta a vecinos que residen de forma efectiva en la isla. La iniciativa se dirige directamente al presidente insular, Vicent Marí, y cuestiona una decisión en vigor desde el pasado 2 de diciembre, fecha en la que el gobierno del PP activó nuevos controles para el acceso a la gratuidad del autobús.
En un comunicado conjunto, ambas formaciones alertan de que la instrucción deja fuera del sistema de transporte gratuito a personas empadronadas que aún no han regularizado su situación administrativa, pese a vivir y trabajar en Ibiza, y advierten de que esta medida perjudica especialmente a familias vulnerables. Los partidos sostienen que la norma “castiga a quienes cumplen con el requisito de residencia” sin aportar pruebas de que estos colectivos estén detrás de los usos irregulares detectados.
“Una medida cruel”, según el PSOE
La portavoz socialista, Elena López, ha calificado la decisión del Consell de Ibiza de “cruel” y ha reclamado su retirada inmediata, insistiendo en que la lucha contra el fraude no puede hacerse a costa de restringir derechos básicos. “Que se controle y sancione a quien haga un mal uso de las tarjetas, pero no se castigue a colectivos vulnerables”, ha señalado, en referencia a la gratuidad del transporte público.
Desde el PSOE recuerdan que estar empadronado acredita la residencia efectiva en Ibiza, y subrayan que la exigencia de DNI o NIE supone una barrera añadida para personas que se encuentran en procesos administrativos aún no resueltos.
Unidas Podemos critica la “deriva” del PP
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Òscar Rodríguez, ha encuadrado esta decisión del PP en una “deriva” política similar a la aplicada, según ha afirmado, en ámbitos como la sanidad o las prestaciones sociales. Rodríguez ha lamentado que el Consell haya optado por eliminar el derecho al transporte gratuito a vecinos empadronados que todavía no disponen de nacionalidad o permiso de residencia, pese a su arraigo en la isla.
El dirigente de UP ha defendido que estas personas son “fundamentales” para sectores clave de la economía de Ibiza, y ha reprochado al gobierno insular que vincule la instrucción con un supuesto fraude sin aportar datos que lo respalden.
Acusaciones cruzadas
Ambas formaciones coinciden en que la aplicación de la instrucción contribuye a “estigmatizar” a la población inmigrante, al asociarla de manera indirecta con irregularidades y fraude en el uso del transporte público. PSOE y Unidas Podemos aseguran que no se han presentado evidencias que señalen a inmigrantes empadronados como responsables de los abusos detectados, y consideran que el enfoque del Consell es discriminatorio.
En este sentido, los portavoces han llegado a calificar la medida como una “política de ultraderecha”, asegurando que no se está aplicando en otros territorios donde el PP gobierna en coalición con Vox, y han instado a Vicent Marí a reconsiderar su postura.
La crítica de la oposición llega seis días después de que el PP defendiera públicamente que ninguna persona vulnerable perderá la gratuidad del autobús en Ibiza, tal como explicó el primer vicepresidente del Consell Insular, Mariano Juan, quien sostuvo que la instrucción interna tiene como objetivo combatir el fraude detectado en el uso de las tarjetas de transporte, especialmente por parte de turistas o titulares de segundas residencias.
Desde el gobierno insular se argumentó que la gratuidad está pensada exclusivamente para residentes y que el coste del transporte gratuito alcanzará los 9 millones de euros en 2025, una cifra que, según el PP, justifica el endurecimiento de los controles.
En la moción registrada, PSOE y Unidas Podemos instan al Consell de Ibiza a rectificar la instrucción en vigor desde el 2 de diciembre y a implantar medidas de control dirigidas únicamente a los usos indebidos, sin perjudicar a quienes residen de forma efectiva en la isla y están empadronados, aunque carezcan todavía de documentación definitiva.
