La publicación de una denuncia por presunta violencia sexual contra Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno y figura central de la Transición, ha abierto un nuevo frente político en el Congreso. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Ejecutivo y a las Cortes que retiren todos los reconocimientos institucionales concedidos al que fuera el primer presidente de la democracia española, al considerar incompatible mantener homenajes públicos ante la gravedad de las acusaciones conocidas.
La denuncia, presentada ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, se refiere a hechos que habrían ocurrido en la década de los años ochenta y ha generado un intenso debate sobre cómo deben actuar las instituciones cuando se señalan conductas presuntamente delictivas atribuidas a figuras históricas del Estado.
Podemos eleva la presión política al Gobierno y a las Cortes
Desde la Cámara Baja, Belarra reclamó una respuesta clara por parte del Gobierno y del Parlamento. Entre las medidas que plantea su formación figura la retirada del nombre de Adolfo Suárez de infraestructuras públicas, como el aeropuerto madrileño, así como la eliminación de bustos, retratos y otros elementos conmemorativos presentes en edificios oficiales.
La dirigente de Podemos defendió que la acción política debe ir más allá de la espera judicial cuando se trata de símbolos y honores públicos: según dijo, el Estado no puede seguir proyectando una imagen de reconocimiento institucional hacia personas sobre las que pesan acusaciones tan graves, aunque correspondan a hechos del pasado.
Críticas al bipartidismo y a la “protección del poder”
El posicionamiento de Belarra incluyó duras críticas al PP, PSOE y Vox, a los que acusó de haber contribuido históricamente a preservar la impunidad de determinadas figuras políticas. Según la líder, la construcción del relato de la Transición elevó a ciertos dirigentes a un estatus intocable, dificultando durante décadas cualquier cuestionamiento de su conducta personal.
En este contexto, sostuvo que no espera una condena clara por parte de los grandes partidos, a los que reprochó haber mantenido una cultura política basada en el silencio y la protección de quienes ostentaban poder institucional.
El feminismo propone debatir los símbolos históricos
Belarra enmarcó la polémica dentro de un debate más amplio sobre memoria democrática y feminismo. A su juicio, los avances legislativos en materia de igualdad han permitido que más mujeres se sientan respaldadas para denunciar, incluso cuando el señalado ocupa un lugar destacado en la historia política del país.
Desde Podemos insisten en que este caso obliga a revisar críticamente los símbolos del Estado y a replantear qué valores se premian desde las instituciones. “Es el momento de bajar del pedestal a quienes no estuvieron a la altura”, defendió la dirigente, reivindicando una política que priorice la protección de las víctimas frente a la preservación de mitos históricos.
