El Ayuntamiento de Palma ha vuelto a situar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro de la polémica tras aprobar este jueves una moción que lo declara persona non grata y exige tanto su dimisión como la convocatoria de elecciones generales. La iniciativa, impulsada por Vox y respaldada por el PP, ha reabierto el debate político y jurídico sobre el alcance y el significado de este tipo de declaraciones municipales, que carecen de efectos legales pero tienen una carga simbólica significativa.
Una moción cargada de acusaciones duras
La moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Palma no se limitó a declarar a Pedro Sánchez persona non grata, sino que también calificó al presidente del Gobierno como un “deleznable personaje”. La calificación forma parte del texto respaldado por Vox y el PP, que incluye críticas contundentes a la gestión del jefe del Ejecutivo.
Durante la defensa de la moción, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, no escatimó en términos. Para Coll, Sánchez es “un autócrata del siglo XXI” y se encuentra “empantanado por la corrupción”. Además, le reprochó que haya “cedido en todo ante sus socios separatistas para seguir un día más en la Moncloa”, describiendo al Gobierno actual como “un Gobierno de cloacas, prostíbulos, acosadores y mordidas”.
El PP apoya y pide pasar página
El respaldo del Partido Popular a la moción no fue meramente formal. El concejal Llorenç Bauzá defendió la medida afirmando que “no se puede normalizar la corrupción” y que la sociedad española necesita “pasar página” de lo que él consideró una “sucesión de escándalos” que afectan no solo a Pedro Sánchez, sino también a su Gobierno y a su partido.
La petición de nuevas elecciones generales surge, según Bauzá, de la necesidad de ofrecer a los ciudadanos una alternativa tras una legislatura marcada por estas tensiones y acusaciones.
Reacciones y abstenciones en el Pleno
La moción no fue una declaración unánime. Mientras Vox y el PP apoyaron la iniciativa, otros grupos políticos mostraron su rechazo o se abstuvieron durante la votación.
Podemos se abstuvo en la votación y, pese a que intentó que el Pleno incluyera una enmienda para condenar públicamente “el genocidio” del pueblo palestino atribuido al Estado de Israel y a su presidente, Benjamín Netanyahu, su propuesta no fue aceptada.
Por su parte, Més per Palma y el PSOE votaron en contra de la moción. La portavoz soberanista, Neus Truyol, consideró que la propuesta de Vox buscaba únicamente “sacar los tambores de la crispación” en lugar de abordar problemas municipales de fondo.
El portavoz socialista, Francisco Ducrós, calificó la moción de “indigna” e “ilegal”, y lamentó que el PP hubiera “asumido” el discurso de la “ultraderecha”. Ducrós también recordó los casos de corrupción que han afectado al PP balear en legislaturas anteriores y añadió que incluso el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, “se iba de vacaciones en la lancha de un narcotraficante”, en una referencia crítica a cuestiones éticas y de conducta en la política española.
Un precedente con Rajoy y otro reciente con Sánchez
La moción de Palma no es un hecho aislado. El texto aprobado menciona explícitamente antecedentes en otras ciudades españolas. Uno de ellos ocurrió en 2016 en el Ayuntamiento de Pontevedra, donde se declaró persona non grata al entonces expresidente Mariano Rajoy, en protesta por la instalación de una planta papelera junto a la ría.
Más recientemente, el Ayuntamiento de Albacete adoptó una medida similar contra Pedro Sánchez el mes pasado con el apoyo de Vox y del PP. Estos precedentes destacan que este tipo de declaraciones son más bien simbólicas y responden a contextos políticos específicos en cada municipio.
El debate sobre la legalidad de la figura
La declaración de persona non grata no tiene efectos legales directos, lo que ha generado dudas y discusiones sobre su utilidad y alcance. Se trata de una figura puramente simbólica, que no implica prohibiciones legales, ni puede impedir visitas oficiales ni limitar de forma práctica la actividad de un presidente del Gobierno.
Pese a su falta de fuerza jurídica, estas declaraciones funcionan como un instrumento político de protesta y expresión de rechazo, especialmente cuando los grupos de oposición buscan visibilizar su descontento con decisiones o políticas nacionales desde el ámbito local.
El caso de Palma ha reanimado este debate, ya que hay quienes consideran que la figura solo sirve para “sacar los tambores de la crispación”, tal y como afirmó Neus Truyol, mientras que otros la ven como una forma legítima de expresar el sentir de una parte del electorado frente a lo que consideran una mala gestión.
