El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha presentado alegaciones a los presupuestos de 2026 del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, actualmente en fase de información pública, en las que exige la identificación obligatoria mediante microchip de todos los animales gestionados por el municipio, incluidos los gatos comunitarios, según ha informado la formación animalista.
Pacma sostiene que esta medida es obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección animal, que atribuye a las administraciones locales la responsabilidad directa sobre los animales integrados en programas CER (captura, esterilización y retorno). La formación recuerda que esta gestión corresponde al Ayuntamiento de Sant Antoni y afecta especialmente a las colonias felinas del municipio.
Críticas a la dotación para sensibilización y colonias felinas
Según el comunicado de Pacma, la partida prevista en los presupuestos para campañas de comunicación y sensibilización es claramente insuficiente, al situarse en apenas 500 euros. Desde la formación animalista reclaman un incremento de esta dotación económica para poder desarrollar acciones evaluables centradas en la gestión de colonias felinas, la convivencia responsable y la prevención del abandono animal, ámbitos que consideran clave para cumplir la normativa vigente.
Pacma subraya que estas actuaciones deberían formar parte de una estrategia municipal estable y recuerda que otros municipios de la isla de Ibiza han afrontado este reto con mayores recursos, tal como ha recogido La Voz de Ibiza en informaciones previas sobre políticas de protección animal.
Sin presupuesto para la recogida y custodia de animales
Otro de los puntos más críticos señalados por Hassler es la ausencia total de consignación presupuestaria para el servicio de recogida, custodia y cuidado de animales, una partida que figura con cero euros en el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Sant Antoni. Pacma considera que esta carencia pone en riesgo la continuidad de un servicio público básico y dificulta el cumplimiento de las obligaciones legales del consistorio.
Desde la formación política proponen una dotación expresa y suficiente que permita cubrir gastos esenciales como alojamiento, alimentación, asistencia veterinaria, transporte e identificación de los animales, garantizando así una atención adecuada y conforme a la legislación estatal de protección animal.
