El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern balear, Francina Armengol, declare como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, dentro del denominado caso Koldo. La petición se centra en las adquisiciones realizadas por Baleares cuando Armengol presidía el Ejecutivo autonómico.
Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos reclama la comparecencia de Armengol por las compras de material sanitario efectuadas por el Govern balear, al considerar que resultan relevantes para acreditar que los procedimientos seguidos durante la emergencia sanitaria se ajustaron al marco legal habilitado en aquel contexto excepcional.
El exministro, que permanece en prisión provisional desde noviembre, defiende su inocencia y sostiene que los hechos por los que será juzgado “no son constitutivos de delito alguno”, subrayando que las decisiones adoptadas durante la pandemia respondieron a una situación de urgencia sin precedentes.
Baleares, Canarias y el Ministerio del Interior
En el mismo escrito, Ábalos solicita que declaren también como testigos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por las compras de mascarillas realizadas desde el Ministerio del Interior y por el Gobierno de Canarias, comunidad que Torres presidía en aquel momento.
La defensa considera que la comparecencia de estos responsables políticos permitirá contextualizar las decisiones adoptadas por distintas administraciones públicas, al entender que los criterios seguidos fueron similares en el conjunto del Estado durante la crisis sanitaria.
El Supremo procesa a Ábalos por concertarse para obtener contratos
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó el procesamiento de Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, al apreciar indicios de que “se concertaron” para aprovechar la influencia del entonces ministro con el fin de obtener beneficios económicos mediante contratos públicos.
Según el auto judicial, los investigados habrían tratado de beneficiarse de la adjudicación de contratos en el ámbito de la Administración pública, así como de otras oportunidades económicas derivadas de su posición y relaciones institucionales.
Puente acordó dividir la causa en dos piezas: una principal centrada en los contratos de mascarillas y otra separada sobre la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Víctor de Aldama, mientras que las acusaciones populares, encabezadas por el PP, reclaman hasta 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor.
Una pericial contra la auditoría encargada por Óscar Puente
Además de la lista de testigos, Ábalos ha presentado un informe pericial para rebatir la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, tras destaparse el caso. En ese documento, el exministro destaca que el Tribunal de Cuentas ya realizó en 2022 un análisis exhaustivo de las adjudicaciones de mascarillas.
Según la pericial, la compra a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, se realizó conforme a la legalidad vigente en el contexto de excepcionalidad provocado por la pandemia, y el precio de las mascarillas estuvo por debajo de la media de mercado.
Ábalos también cuestiona la fiabilidad del informe encargado por Puente, al considerar que carece de independencia, objetividad y evidencia suficiente, y denuncia la existencia de sesgos y valoraciones subjetivas que, a su juicio, comprometen sus conclusiones.
