En una jornada que el Ejecutivo ha calificado de «histórica», el Consejo de Ministros ha dado luz verde este 27 de enero de 2026 a un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 personas extranjeras.
La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, busca integrar formalmente a miles de residentes (en su mayoría de origen latinoamericano) que ya forman parte del tejido económico y social del país.
El plan rescata el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 ciudadanos y se implementa mediante un procedimiento de urgencia que permite su entrada en vigor inmediata, evitando posibles bloqueos en el Congreso.
¿Quiénes pueden solicitar los «papeles»?
El proceso está diseñado para personas que ya tienen un arraigo en territorio español. Para optar a esta regularización, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes puntos:
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Estancia mínima: Acreditar que residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 (lo que supone al menos cinco meses de permanencia al momento del anuncio).
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Solicitantes de protección: También podrán acogerse quienes hayan pedido asilo o protección internacional antes de la fecha de corte mencionada.
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Conducta civil: Es obligatorio carecer de antecedentes penales.
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Pruebas de residencia: Se aceptará una amplia variedad de documentos como el empadronamiento, facturas de servicios (luz o agua), informes médicos o comprobantes de envío de dinero (remesas).
Calendario y plazos de solicitud
La ministra Saiz ha confirmado que el sistema para recibir expedientes no será eterno. El cronograma oficial establece que las solicitudes podrán presentarse a partir de abril de 2026, fijando como fecha límite para completar el trámite el 30 de junio del mismo año.
El impacto económico y la tensión política
El presidente Pedro Sánchez ha defendido la medida subrayando que la inmigración ha sido el motor del 80% del crecimiento económico de España en los últimos seis años, además de aportar el 10% de los ingresos de la Seguridad Social. Según datos del INE, el desempleo bajó del 10% en 2025 gracias, en gran medida, a la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral.
No obstante, la oposición ha mostrado un rechazo frontal: Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha criticado la medida asegurando que «premia la ilegalidad» y calificando la política migratoria del Gobierno como «disparatada».
Los beneficios que genera para los nuevos residentes
Una vez que el solicitante reciba el visto bueno de las autoridades:
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Obtendrá una autorización de residencia por un año.
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Se paralizará de forma automática cualquier proceso de expulsión o retorno administrativo que tuviera pendiente.
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Al finalizar el primer año, el beneficiario podrá solicitar una autorización ordinaria siguiendo el Reglamento de Extranjería vigente.
Este decreto es especialmente significativo para comunidades como la ecuatoriana, que cuenta con más de 416.000 compatriotas en España, y para los cerca de 840.000 inmigrantes que, según datos de Funcas, residían en el país de forma irregular hasta la fecha.
