El Govern balear ha mostrado su rechazo frontal a la regularización extraordinaria de migrantes, una medida que califica como un “regalo de la residencia legal”, y ha anunciado que utilizará todas las vías legales a su alcance para intentar frenarla, con el objetivo de “defender los intereses de Baleares”. Así lo ha afirmado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, tras la reunión del Consell de Govern, celebrada en Palma.
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Según ha explicado Costa, aunque Extranjería es una competencia exclusiva del Estado, lo que limita la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma, el Govern analizará cualquier iniciativa normativa que se impulse desde el Gobierno central. “Si se hace mediante un reglamento, deberá cumplir estrictamente la ley”, ha advertido, insistiendo en que el Ejecutivo balear recurrirá cualquier norma que considere contraria al marco legal.
Críticas al procedimiento y advertencia sobre la vivienda
El portavoz ha cuestionado que una medida de este calado no se tramite mediante una ley, sino a través de un desarrollo reglamentario, algo que, a su juicio, resta garantías jurídicas. En este sentido, ha señalado que el Govern estará “muy vigilante” para detectar posibles incumplimientos normativos y actuar en consecuencia.
Además, Costa ha alertado de que la regularización podría agravar la presión sobre el mercado de la vivienda en Baleares, una comunidad que ya sufre una fuerte tensión residencial. Según datos de la Delegación del Gobierno, la medida podría afectar a unas 10.800 personas en el archipiélago, una cifra que, en opinión del Ejecutivo autonómico, tendría un impacto directo en el acceso a la vivienda.
Exigencia de integración y conocimiento del catalán
Otro de los aspectos destacados por el Govern es la integración de las personas migrantes. Costa ha defendido que quienes aspiren a obtener la residencia legal en Baleares deben “mostrar la voluntad de conocer la lengua propia”, en referencia al catalán, como parte del proceso de integración en la sociedad de las Islas.
El portavoz ha subrayado que el sistema actual para acceder a la residencia ya está condicionado y no supone un regalo, al exigir requisitos que considera “de sentido común”. Entre ellos, ha citado la presentación de certificados de antecedentes penales, un precontrato de trabajo y el cumplimiento de criterios de integración social. “Tenemos unas leyes y unos valores que se tienen que respetar y cumplir”, ha remarcado, añadiendo que “los migrantes se tienen que adaptar y no al revés”.
El “efecto llamada” y las mafias
El Govern también ha esgrimido el argumento del “efecto llamada” para justificar su rechazo a la regularización extraordinaria. Según Costa, conceder la residencia de forma generalizada incentivaría la inmigración irregular y daría oxígeno a las mafias que trafican con personas.
En este sentido, ha insistido en que cualquier mensaje que facilite la obtención de papeles sin cumplir los requisitos actuales puede tener consecuencias negativas tanto a nivel social como en términos de seguridad y gestión migratoria, un debate recurrente en la actualidad política balear y estatal..
Acusaciones de “hipocresía” a la izquierda
En el plano político, Costa ha cargado contra el PSIB y MÉS per Mallorca, a quienes ha acusado de “hipocresía” por su posición sobre la regularización. Según el portavoz, estos partidos denuncian el crecimiento descontrolado de la población y, al mismo tiempo, defienden medidas que, a su juicio, incrementan ese crecimiento.
“Un día dicen que el crecimiento poblacional está desbocado y al siguiente deciden regalar la residencia legal”, ha afirmado, calificando esta postura de “contradictoria”. Además, ha sostenido que estas formaciones dicen querer preservar la identidad balear mientras apoyan una regularización que, según el Govern, no garantiza la integración cultural.
Referencias a Pedro Sánchez
Por último, Costa ha recordado unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizadas en 2024, en las que defendía el retorno de las personas que entran irregularmente en España como un mensaje disuasorio para las mafias.
“Antes había efecto llamada, ahora ya no”, ha ironizado el portavoz del Govern, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo central de incurrir en contradicciones y cambiar de posición en materia migratoria. El debate entre administraciones sobre inmigración sigue marcando la agenda política y social de Baleares.
