La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear ha detectado pagos indebidos por valor de 2,77 millones de euros en la Renta Social Garantizada (Resoga) entre enero de 2017 y mayo de 2025, durante la etapa de Francina Armengol (PSOE) al frente del Ejecutivo autonómico.
Los datos, todavía provisionales, corresponden a los programas Resoga 16 y Resoga 20 y se han conocido tras una revisión extraordinaria que continúa en marcha. En total, los cobros irregulares afectan a 604 beneficiarios, según publica OK Baleares.
Según documentación oficial a la que accedió ese medio, la consejera Sandra Fernández Herranz alerta de un conjunto de presuntas irregularidades en la gestión de estas ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica.
La principal causa de los pagos indebidos ha sido la existencia de ingresos laborales superiores al umbral permitido. También se han detectado casos de beneficiarios que percibían otras prestaciones incompatibles que superaban el límite establecido.
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Además, una treintena de personas cobraban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por una cuantía igual o superior a la Resoga, lo que hacía incompatible el cobro simultáneo.
Entre otras irregularidades figuran salidas del territorio balear durante más de un mes, incumplimientos del requisito de empadronamiento, renuncias no comunicadas y cambios en la unidad de convivencia que reducían el importe a percibir.
La revisión ha afectado a 6.437 expedientes suspendidos, de los cuales 2.380 corresponden a Resoga 16 y 4.057 a Resoga 20. En Resoga 20 aún quedan casi 3.000 expedientes pendientes de determinar.
Uno de los aspectos más graves es que las suspensiones masivas realizadas en junio de 2023 carecieron de procedimiento formal y no consta que se enviaran notificaciones a los afectados, según reconoce el propio documento oficial.
La investigación también revela la inexistencia de protocolos escritos de control y supervisión durante la gestión anterior (2015-2023), así como la ausencia de informes de seguimiento sistemáticos.
Hasta diciembre de 2025, la administración autonómica solo ha recuperado 30.023 euros de los fondos adeudados, aunque se han iniciado 446 expedientes de reintegro y se ha contratado a la empresa NTT Data para agilizar la revisión.
El Govern prevé aprobar en enero de 2026 el primer plan anual de revisión y reformar la normativa para reforzar los requisitos, mientras la magnitud de las irregularidades abre un debate sobre el control y la eficacia de las prestaciones sociales en Baleares.
