MOVILIDAD

“Regularización imposible”: el registro obligatorio de patinetes provoca quejas y confusión

El sistema de registro nacional para patinetes eléctricos está fallando y deja a muchos propietarios sin poder circular legalmente, en medio de un caos administrativo creciente.

Patinetes
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La entrada en vigor del registro obligatorio de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) está provocando frustración y quejas entre muchos usuarios en Baleares. La normativa, que busca dar mayor seguridad vial y control administrativo a estos dispositivos, ha sido calificada por algunos afectados como una “regularización imposible” debido a los problemas técnicos y administrativos que presenta.

Desde el 30 de enero, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el Registro Nacional de Vehículos de Movilidad Personal, que obliga a todos los propietarios de patinetes eléctricos a inscribir sus vehículos antes de poder contratar un seguro de responsabilidad civil obligatorio y circular legalmente.

El objetivo de esta medida, impulsada por un Real Decreto aprobado a finales de enero, es identificar a los usuarios y dotar de una estructura legal y de protección a un sector que en los últimos años ha experimentado un crecimiento exponencial en España.

Sin embargo, usuarios y arrendadores de patinetes denuncian que el sistema digital está fallando. Muchos conductores aseguran haber realizado el pago de la tasa correspondiente sin que el registro se complete ni se refleje en la plataforma de la DGT, dejando sus vehículos en un limbo administrativo que complica la contratación del seguro obligatorio.

Esta situación ha provocado situaciones de confusión en puntos turísticos como Palma, donde propietarios y turistas discuten sobre la validez de sus comprobantes de pago o recibos, mientras los sistemas telemáticos continúan mostrando errores o quedándose bloqueados.

Además, esta irregularidad coincide con conflictos en otros municipios españoles, donde algunas administraciones han optado por no multar de momento a los patinetes sin registro, ante las dificultades para completar el proceso y los errores detectados en la plataforma de la DGT.

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Las sanciones por no cumplir con estas obligaciones pueden ser severas: la normativa contempla multas que oscilan entre 250 y 800 euros por no inscribir el vehículo en el registro y circulando sin seguro puede conllevar otras penalizaciones importantes.

Por otra parte, la regulación establece un periodo transitorio hasta el 22 de enero de 2027 para que los patinetes vendidos antes de enero de 2024 puedan continuar circulando si logran completar el proceso de registro y contratación del seguro.

Mientras tanto, la falta de un sistema plenamente operativo ha generado un clima de incertidumbre y malestar, tanto entre quienes utilizan estos vehículos para desplazamientos diarios como entre los turistas que se desplazan a las islas y se enfrentan, sin previo aviso, a trámites complejos y fallidos.

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