El escándalo que sacude a la Fundación Universitaria San José y a la exaspirante a viceministra de Juventudes, Juliana Guerrero, ha entrado en una fase determinante.
Tras las pruebas presentadas por la congresista Jennifer Pedraza, la Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente la solicitud de imputación de cargos, poniendo sobre la mesa delitos que conllevan severas sanciones según el Código Penal Colombiano.
La investigación apunta a un presunto entramado para la expedición irregular de certificados académicos que habrían favorecido a Guerrero para intentar acceder a altos cargos públicos.
Los cargos y la imputabilidad: falsedad y fraude
La Fiscalía busca imputar a Juliana Guerrero y a Luis Carlos Gutiérrez (exsecretario general de la institución) por dos delitos principales: falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Según el marco legal vigente, estas son las posibles consecuencias para los implicados:
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Falsedad ideológica en documento público: basado en el artículo 286 del Código Penal (modificado por la Ley 890 de 2004), este delito contempla penas de prisión que oscilan entre los 64 y 144 meses. Asimismo, conlleva una inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de entre 80 y 180 meses.
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Fraude procesal: Bajo el artículo 453, quienes incurran en esta falta podrían enfrentar de 6 a 12 meses de cárcel, sumado a multas económicas que van de los 5 a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Es fundamental aclarar que, aunque estas son las penas estipuladas en la ley, la condena final dependerá exclusivamente de la decisión de un juez tras el proceso judicial correspondiente.
Un título sin respaldo académico
El caso estalló tras las denuncias de Jennifer Pedraza, quien expuso que Guerrero no contaba con registros de haber presentado las Pruebas Saber y que su titulación carecía de validez real. La propia Fundación San José admitió en noviembre pasado que, tras una auditoría interna, no hallaron evidencias de asistencia a clases ni registros de exámenes por parte de Guerrero, lo que derivó en la anulación inmediata de su título.
A esto se suma la detección de irregularidades financieras: la Dian habría registrado tres facturas electrónicas emitidas poco después de la expedición del cuestionado diploma, un indicio clave que la Fiscalía evalúa como parte de las pruebas del presunto fraude.
«La justicia nos dio la razón»
Tras conocerse los avances de la Fiscalía, la congresista Pedraza manifestó su satisfacción a través de sus redes sociales, calificando como una «buena noticia» que se actúe contra la impunidad en casos de corrupción de figuras con influencia política.
Se espera que en las próximas semanas se defina la fecha de la audiencia de imputación, lo que marcará el inicio formal del juicio para determinar la responsabilidad penal de Guerrero y Gutiérrez en el escándalo político.
