El Gobierno estudia implantar una ayuda de 200 euros por hijo como prestación universal por crianza. La medida, incluida en el paquete de iniciativas contra la pobreza infantil, supondría una transferencia directa de 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, sin tener en cuenta la renta familiar ni la situación laboral de los progenitores.
La propuesta todavía no tiene fecha de aprobación definitiva, pero ya ha sido presentada oficialmente como parte de la estrategia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para hacer frente a los «niveles persistentemente altos» de pobreza infantil en España.
Una prestación universal de 200 euros por hijo
La medida plantea una prestación económica directa de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad, hasta los 18 años. Su principal característica es su carácter universal: no dependería de los ingresos de la familia ni de su situación laboral.
Esto significa que no habría límites de renta ni requisitos vinculados al empleo. Tampoco se exigiría estar en una situación de vulnerabilidad específica. El objetivo es incrementar la renta de los hogares con hijos y reducir la desigualdad desde una perspectiva estructural.
Según ha explicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la propuesta busca «reducir la pobreza y desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos».
¿Cuándo entra en vigor la ayuda de 200 euros por hijo?
Por el momento, no existe una fecha concreta de aprobación ni de entrada en vigor. Aunque la medida se encuentra en estudio y forma parte de los planes del Ejecutivo antes de 2030, no se ha confirmado cuándo podría empezar a aplicarse.
La propuesta fue impulsada por Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desde noviembre de 2023. El responsable del departamento ha defendido públicamente la necesidad de esta prestación ante el impacto económico y social de la pobreza infantil.
En palabras del ministro, «el coste estimado de la pobreza infantil es de 65.000 millones de euros al año y el impacto se expresa a lo largo de todo un ciclo de vida, en aspectos como un peor desempeño educativo, peor inserción laboral, peor índice de salud».
En ese mismo contexto, ha señalado que la inversión tendría un «retorno será inmediato y superará con creces las expectativas».
No obstante, su implementación no está prevista a corto plazo. El propio Bustinduy ha manifestado: «Espero que vea la luz cuanto antes y su impacto será extraordinario».
Requisitos para solicitar la ayuda
El planteamiento actual establece un único requisito fundamental: tener residencia legal en España. No se contemplan límites de ingresos ni condicionantes relacionados con el empleo.
La prestación sería compatible, en principio, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que permitiría que las familias beneficiarias de esta ayuda social pudieran también percibir los 200 euros mensuales por hijo.
El carácter universal de la medida supone un cambio respecto a otras ayudas vigentes, que suelen estar vinculadas a determinados umbrales de renta o situaciones laborales específicas.
El contexto: pobreza infantil y desigualdad
La propuesta se enmarca en la preocupación por los datos de pobreza infantil en España. El Gobierno considera que los niveles actuales siguen siendo elevados y que requieren medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.
El ministro ha descrito esta realidad como marcada por «niveles persistentemente altos» de pobreza infantil, un problema que, según su análisis, tiene consecuencias a largo plazo en distintos ámbitos de la vida.
El impacto, tal y como ha señalado, no se limita al momento presente, sino que afecta al desarrollo educativo, a la inserción laboral futura y a la salud de los menores que crecen en entornos vulnerables.
La estimación económica presentada por el Ministerio cifra en 65.000 millones de euros anuales el coste de la pobreza infantil en España, una cantidad que, según el Ejecutivo, justificaría una inversión preventiva como la prestación universal por crianza.
Una medida a medio plazo
Aunque el anuncio ha generado expectativas entre miles de familias, lo cierto es que la ayuda de 200 euros por hijo todavía no está aprobada ni cuenta con un calendario concreto de aplicación.
El Gobierno la plantea como una medida estratégica de largo recorrido, con horizonte antes de 2030, dentro de un conjunto más amplio de políticas sociales orientadas a combatir la desigualdad.
Por ahora, las familias interesadas deberán esperar a que se concrete el procedimiento legislativo correspondiente, así como los detalles técnicos sobre solicitud, gestión y pago de la prestación.
Lo que sí está claro es que, de aprobarse, supondría una de las mayores reformas en materia de apoyo económico a la crianza en España, al extender una ayuda mensual fija sin filtros de renta ni empleo.
Mientras tanto, el debate sobre la viabilidad presupuestaria y el alcance real de la medida seguirá presente en la agenda política y social. La pregunta que muchas familias se hacen ahora no es si la ayuda de 200 euros por hijo es necesaria, sino cuándo podrá convertirse en una realidad.
