El estreno de la obligatoriedad de la baliza V16 conectada ha arrancado con polémica: aunque el 1 de enero de 2026 marcó el adiós definitivo a los triángulos de emergencia, la transición no está siendo tan «amable» como algunos esperaban. A pesar de los mensajes políticos que sugerían una tregua en las sanciones, ya se ha tramitado la primera multa a un conductor por carecer de este dispositivo luminoso.
Este caso ha encendido el debate entre las asociaciones de conductores y los despachos jurídicos, evidenciando una falta de sintonía entre las declaraciones oficiales y la actuación real de los agentes en carretera.
El choque entre la ley y el discurso político
Desde el primer día del año, la normativa española es tajante: el único sistema legal para señalizar una avería o accidente es la señal V16 con geolocalización. Este dispositivo, que se coloca magnéticamente en el techo, comunica la posición del vehículo a la plataforma de la DGT, eliminando la necesidad de caminar por la calzada.
Sin embargo, el conflicto surge de la contradicción institucional:
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La norma: el Real Decreto de 2021 no contempla prórrogas; la obligación es plena desde el 1 de enero.
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El mensaje político: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habló públicamente de un periodo de «flexibilidad razonable» para informar antes que sancionar.
Esa «flexibilidad» parece haber quedado en papel mojado, ya que no se ha traducido en una instrucción oficial que impida a los agentes aplicar la ley de forma estricta.
80 euros en el Día de Reyes: la sanción que sienta precedente
El incidente que ha hecho saltar las alarmas ocurrió el pasado 6 de enero en la AP-7, a la altura de Valencia. Un agente de la Guardia Civil denunció a un automovilista por no portar la señal reglamentaria, imponiendo una sanción de 80 euros (con posibilidad de reducción a 40 euros por pronto pago).
La consultora Pyramid Consulting, que ha hecho pública la denuncia, ya ha anunciado que recurrirá la multa. Su argumento no es solo económico, sino de principios jurídicos: sostienen que se ha vulnerado la «confianza legítima» del ciudadano, quien, tras escuchar al ministro prometer tolerancia, no esperaba ser sancionado apenas una semana después del cambio normativo.
El gran dolor de cabeza para los conductores ahora mismo es la falta de claridad. Al no existir un papel oficial que ponga fecha exacta a esa supuesta etapa de cortesía (nadie sabe si hablamos de días, semanas o meses), la Guardia Civil se queda en una posición comprometida: sin una orden directa que diga lo contrario, los agentes simplemente tienen que aplicar el Reglamento General de Vehículos tal cual está escrito.
