El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que reforma el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, con un enfoque claro en los derechos de los consumidores, la transparencia del sistema y la protección de los más vulnerables. Entre las novedades más destacadas se encuentra la prohibición de las llamadas telefónicas no solicitadas por parte de comercializadoras de energía para hacer publicidad o intentar contratar servicios, una práctica habitual que afecta a miles de hogares cada año.
La norma fue detallada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien subrayó que la medida “moderna el sistema eléctrico e impulsa su transformación hacia un modelo más eficiente y sostenible”. Además, la ministra aseguró que el nuevo marco legal refuerza la protección del consumidor, fomenta la democratización de la energía y combate prácticas poco transparentes en un mercado que ha crecido y se ha complejizado con los años.
Fin a las llamadas no deseadas de comercializadoras
Una de las medidas que sin duda llamará más la atención de los usuarios es la prohibición de las llamadas telefónicas no deseadas. Según recoge el decreto, estas comunicaciones por parte de las comercializadoras solo estarán permitidas cuando el consumidor haya dado su consentimiento y lo haya solicitado expresamente. Además, todas las llamadas deberán ser grabadas y los audios puestos a disposición del cliente si así lo solicita, un paso importante para garantizar la transparencia.
En el caso de que se cierre un contrato tras una llamada de este tipo, las empresas deberán remitir las condiciones contractuales de forma clara y sencilla con tiempo suficiente para que el usuario pueda evaluar las alternativas y elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades.
Este cambio complementa la legislación vigente en telecomunicaciones y refuerza los derechos de los consumidores frente a prácticas que, según la administración, han sido consideradas agresivas o poco transparentes.
Protección frente a penalizaciones y permanencias abusivas
Otra de las grandes novedades del reglamento se refiere a las penalizaciones por cancelación de contrato y cláusulas de permanencia. El texto establece que los hogares y las pequeñas y medianas empresas (con potencia contratada menor de 15 kW) podrán rescindir sus contratos en cualquier momento sin penalización, salvo en ciertos casos vinculados a la primera prórroga anual en contratos a precio fijo en mercado libre. En esta situación, la penalización máxima no podrá superar el 5 % de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio.
Además, si un consumidor vulnerable decide cambiar al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ninguna penalización, ni siquiera en servicios adicionales que estuvieran contratados junto al suministro principal.
Reclamos, datos y mayor transparencia
El decreto no se limita a las llamadas no deseadas y las penalizaciones, sino que introduce mejoras profundas en la protección del consumidor y la transparencia de las comercializadoras. Por ejemplo, cuando se produzca un cambio de precio derivado de una modificación de las condiciones del contrato, las empresas deberán presentar al usuario, de forma previa, un documento independiente que resuma el impacto del cambio en la factura, incluyendo una tabla comparativa de precios antes y después del cambio.
Además, los consumidores contarán con múltiples canales para presentar reclamaciones, incluidas opciones digitales con constancia documental. Las empresas suministradoras deberán responder a estas quejas en un plazo máximo de 15 días y podrán contar con un defensor del cliente con resoluciones vinculantes.
Protección reforzada para consumidores vulnerables
El reglamento introduce una nueva categoría de suministro esencial que no se puede interrumpir en ninguna circunstancia, dirigida a hogares con personas electrodependientes. Asimismo, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán prohibir la interrupción del suministro a hogares acogidos al bono social que incurran en impago si se consideran esenciales.
La ministra Aagesen subrayó que la normativa prohíbe expresamente penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para consumidores vulnerables. Del mismo modo, si un beneficiario del bono social decide cambiar de contrato, el comercializador deberá informar expresamente de que ello implicará la renuncia al bono social.
Mayor agilidad en procedimientos y derechos de subrogación
El nuevo reglamento refuerza también la agilidad en los procedimientos de cambio de suministrador, fijando un plazo máximo de 10 días para completar dicho cambio. Se introducen avances importantes en la figura de la subrogación del contrato en situaciones de arrendamientos, incluyendo medidas específicas para mujeres víctimas de violencia de género o sexual que residan en viviendas sin ser titular del contrato.
Asimismo, los consumidores podrán acceder de forma gratuita y en cualquier momento a sus datos de consumo y generar estrategias más eficientes mediante la contratación de agregadores que gestionen su demanda eléctrica para lograr ahorros en la factura.
Cambios de potencia y nuevas opciones de contratación
El decreto también amplía las opciones de contratación de electricidad, permitiendo que los usuarios dispongan de dos potencias distintas durante 12 meses y cambien entre ellas trimestral, mensual, diaria o incluso por periodos horarios, según sus necesidades.
Además, se ofrecerán contratos de duración inferior a un año o simultáneos con diferentes comercializadoras. En el mercado libre, se fomentará que las sociedades con más de 200.000 clientes ofrezcan tarifas con precios dinámicos, lo que ampliará las posibilidades de elección para el consumidor.
Sistema eléctrico más transparente y democratizado
Para mejorar la transparencia y la gestión de datos se ha diseñado un datahub —un punto único de acceso a la información del sistema eléctrico— gestionado por Red Eléctrica. Este sistema permitirá a los usuarios acceder a sus datos de consumo y generación, y restringir su difusión cuando lo deseen.
La regulación también contempla el desarrollo de la figura del agregador independiente, que podrá combinar consumos o energía generada por consumidores o productores para gestionar demanda y ofrecer servicios al mercado, con independencia de un contrato principal con comercializadoras.
Medidas de protección frente a fallos de facturación y cortes de suministro
El real decreto aborda situaciones recurrentes como los errores de lectura o facturación. Si el error favorece al cliente, las cantidades indebidamente facturadas se devolverán en la siguiente factura con intereses. Si el error favorece a la empresa, el importe se prorrateará con un tope de un año.
Por otra parte, se actualizan los procedimientos y condiciones para los cortes de suministro por impago, revisando los costes de desconexión y reconexión. Se establece también la prohibición de cortar el suministro en días festivos o vísperas de estos, y se requerirá información trimestral sobre cortes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Un mercado energético más justo y competitivo
En definitiva, el nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica aprobado por el Gobierno moderniza el sistema eléctrico español, potenciando los derechos de los consumidores, reforzando la protección de los más vulnerables y eliminando prácticas comerciales intrusivas como las llamadas no deseadas de comercializadoras. Con estas medidas, se pretende no solo equilibrar la balanza entre consumidores y empresas, sino también avanzar hacia un modelo energético más transparente, competitivo y sostenible, acorde con los retos actuales de la transición ecológica.
El decreto, que desarrolla uno de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entrará en vigor a medida que se adapten los diversos sectores y agentes implicados, marcando un antes y un después en la relación entre usuarios y comercializadoras en España.
