El Gobierno está estudiando utilizar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como herramienta de penalización para los propietarios que incrementen el precio del alquiler al finalizar un contrato, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
La medida, adelantada por El País, no afectaría a las actualizaciones anuales permitidas por ley —generalmente vinculadas al IPC—, sino únicamente a las subidas que se produzcan en el momento de renovar el contrato con el inquilino.
Desde el Ministerio de Hacienda han señalado que la propuesta se encuentra actualmente en fase de negociación con los grupos parlamentarios. El debate surge después de que los socios del Gobierno hayan rechazado frontalmente la idea inicial del Ejecutivo de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que mantuvieran congelada la renta durante la renovación de los contratos de alquiler.
Hasta ahora, el sistema fiscal contempla diversas reducciones y deducciones estatales para quienes alquilan una vivienda. Estas ventajas podrían modificarse, ampliarse o recortarse en el marco de la nueva propuesta que están negociando los ministerios de Hacienda y Vivienda.
Más control sobre contratos de temporada y alquiler por habitaciones
Dentro del paquete de medidas en estudio, el Ejecutivo también pretende limitar los contratos de temporada, una modalidad que en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento. El objetivo es fijar condiciones más estrictas para que un contrato pueda considerarse de temporada y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de los alquileres de corta duración.
Asimismo, el Gobierno quiere poner freno al uso del alquiler por habitaciones. La intención es extender a este tipo de contratos las garantías previstas para los alquileres habituales. De este modo, los nuevos contratos por habitaciones deberán cumplir dos requisitos: que la suma de las rentas no supere el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa y que, en las zonas tensionadas declaradas, se apliquen los mecanismos de control de precios previstos en la Ley de Vivienda.
Con estas iniciativas, el Ejecutivo busca reforzar la regulación del mercado del alquiler en un contexto de fuerte presión sobre los precios y de creciente debate político sobre el acceso a la vivienda.
