La jornada de 35 horas semanales se aplicará en la Administración General del Estado (AGE) a partir del mes de marzo de 2026. Así lo acordó la comisión técnica permanente de la mesa general de negociación, que ha perfilado los detalles antes de su aprobación definitiva, prevista para los primeros días del próximo mes. Con esta medida, el Gobierno recorta dos horas y media a la actual jornada de 37,5 horas semanales, pero no todos los empleados públicos se beneficiarán.
¿A quién se le aplicará la nueva jornada de 35 horas?
Según la propuesta del Ministerio de Función Pública, esta nueva jornada afectará a unos 250.000 empleados públicos, principalmente:
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Personal de los ministerios.
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Trabajadores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
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Miembros de organismos públicos y agencias estatales.
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Personal de otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la AGE.
Esta modificación se incorporará a la instrucción de jornada y horarios de la Administración estatal y se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una vez que se apruebe formalmente en la mesa general de negociación.
¿Quién queda excluido de la jornada reducida?
Sin embargo, el cambio no alcanzará a todos los trabajadores. Quedan excluidos de la nueva jornada de 35 horas:
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Personal de las Fuerzas Armadas.
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Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Trabajadores de Instituciones Penitenciarias.
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Empleados en centros sanitarios.
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Personal en centros docentes o de apoyo a la docencia.
Estas exclusiones han provocado tensión con los sindicatos, que consideran injusto dejar fuera a colectivos también dependientes de la Administración General del Estado.
La reacción de los sindicatos: críticas y exigencias
Desde el sindicato CSIF, se ha exigido que la medida «pase a ser normativa básica y que incluya su aplicación a todo el personal de la AGE sin exclusiones, así como al sector público». Consideran inaceptable que se margine a trabajadores de empresas públicas o de sectores esenciales como las prisiones y la sanidad.
CC OO ha calificado las exclusiones como un “verdadero escollo” para apoyar el texto gubernamental, mientras que UGT también ha reclamado la inclusión del personal penitenciario, aunque propone hacerlo mediante una instrucción específica que tenga en cuenta sus particularidades horarias.
Por ello, se prevé una nueva reunión de la comisión técnica antes de la aprobación final para intentar ampliar el alcance de la medida a más colectivos.
Calendario: ¿cuándo entra en vigor la jornada de 35 horas?
Aunque aún no hay una fecha exacta para la reunión definitiva de la mesa general de negociación, se espera que tenga lugar a principios de marzo. Tras su celebración:
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Se emitirán instrucciones específicas desde la Secretaría de Estado.
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Cada departamento del sector público estatal deberá adaptar los turnos y la organización para garantizar la atención a la ciudadanía.
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Se procederá a modificar la instrucción de jornadas y horarios de la AGE.
La intención del Gobierno es que la vigencia de la jornada de 35 horas comience en marzo, cumpliendo así el plazo inicial estimado por el Ministerio.
Una medida anunciada desde enero
A finales de enero, el Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, ya había comunicado su intención de iniciar el procedimiento para implantar esta jornada reducida. Entonces, el Ejecutivo se marcó como objetivo implementarla antes de que finalizara el primer trimestre del año.
Tras semanas de reuniones técnicas y negociaciones con los sindicatos, y salvo contratiempos de última hora, los plazos se cumplirán. Así, la jornada de 35 horas se convertirá en una realidad para una parte importante de los empleados públicos del Estado.
Adaptaciones necesarias y atención al público
Uno de los aspectos más delicados será la reorganización de los servicios para que la reducción de horas no afecte a la atención ciudadana. Las adaptaciones necesarias incluirán:
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Revisión de los turnos de trabajo.
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Garantizar la cobertura en servicios esenciales.
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Mantenimiento de los estándares de calidad administrativa.
Estas medidas estarán detalladas en una resolución que acompañará a la modificación normativa, según han confirmado fuentes sindicales presentes en la negociación.
Una demanda histórica del sector público
La jornada de 35 horas es una reivindicación histórica de los sindicatos del sector público, que aseguran que esta reducción no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también permite una redistribución más justa del empleo público.
Desde CSIF, CC OO y UGT insisten en que la medida debe extenderse al conjunto del personal dependiente del Estado y no limitarse solo a determinados organismos administrativos.
¿Y las empresas públicas?
El sector público empresarial, es decir, las empresas públicas del Estado, también ha quedado fuera del borrador actual. Los sindicatos han reclamado que estas entidades sean incluidas en la normativa final, ya que muchas de ellas también prestan servicios esenciales.
De momento, el Gobierno no ha dado señales claras de que esta petición vaya a ser aceptada, por lo que es probable que la jornada reducida no se aplique de manera uniforme en todo el sector público estatal.
