Un anuncio publicado en redes sociales que ofrece dos apartamentos en Cala Gració, en primera línea de mar, ha provocado una oleada de críticas entre residentes de Ibiza por las condiciones económicas exigidas para acceder a la vivienda. La polémica surge en un contexto de creciente tensión en el mercado inmobiliario de la isla, donde los elevados precios y la escasez de alquileres de larga duración dificultan cada vez más encontrar alojamiento para trabajadores y residentes.
La oferta anuncia dos apartamentos de dos dormitorios y dos baños, uno en planta baja y otro ático, por 3.000 euros al mes. Sin embargo, el anuncio detalla que los interesados deberán abonar 12.000 euros por adelantado para formalizar el alquiler.
Según el propio texto del anuncio, el pago inicial se divide en un mes de renta (3.000 euros), dos meses de depósito (6.000 euros) y un “finders fee” o comisión de intermediación de 3.000 euros. Además, se especifica que el alquiler es “solo para gente tranquila, no para personas de fiesta”, invitando a los interesados a contactar directamente con la persona que publica la oferta.
Críticas por la comisión al inquilino
La publicación generó decenas de comentarios críticos, muchos de ellos centrados en la comisión de intermediación exigida al futuro inquilino. Varios usuarios recordaron que la legislación española vigente establece que los gastos de gestión inmobiliaria en los alquileres de vivienda habitual deben ser asumidos por el propietario.
“Esto es exactamente por lo que el mercado de alquiler en Ibiza está roto”, escribió uno de los participantes en el debate, que calificó de “abusivo y ridículo” exigir 12.000 euros iniciales para un piso de 3.000 euros mensuales.
Otros comentarios cuestionaron directamente la legalidad de la oferta y pidieron conocer si detrás del anuncio existe una agencia inmobiliaria. “Si eres agente deberías saber que la comisión la paga el propietario”, señalaba uno de los usuarios.
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Aunque algunos usuarios comenzaron a exigir la intervención del Consell, desde la institución indicaron que sus competencias se limitan al alquiler turístico. En este caso, las denuncias y la correspondiente investigación deben ser tramitadas por la Dirección General de Vivienda del Govern balear.
Qué dice la ley
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada en 2023 por la Ley por el Derecho a la Vivienda, establece en su artículo 20 que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben correr a cargo del arrendador cuando se trate de un alquiler de vivienda.
La normativa define este tipo de contratos como aquellos destinados a cubrir la necesidad permanente de vivienda del inquilino. Por tanto, si la oferta publicada corresponde a un alquiler de larga duración o vivienda habitual, repercutir al inquilino una comisión de intermediación podría ser contrario a lo establecido en la ley.
La legislación sí permite, en cambio, ciertos pagos iniciales. En los arrendamientos de vivienda es obligatoria una mensualidad de fianza, y pueden pactarse garantías adicionales de hasta dos meses más, lo que podría elevar el desembolso inicial a tres mensualidades, aunque sin incluir comisiones de agencia al inquilino.
