El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona ha reabierto el concurso de acreedores de Hangar 8289 Ibiza, S.L., la sociedad con la que operaba en la isla el empresario Aaron Matthew Mellor, conocido como el «rey de la noche» británica. El objetivo es determinar si ocultó el procedimiento a sus acreedores y si hubo una maniobra contable para no responder por los más de 1,5 millones de euros que dejó a deber en unas naves industriales de Vila, según el auto al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza.
Quién es el ‘rey de la noche’ británica
Mellor es fundador y managing director de Tokyo Industries, uno de los mayores operadores privados de ocio nocturno del Reino Unido, con 47 clubes, bares y festivales repartidos entre Los Ángeles, Palm Springs, Nueva York, Croacia, Dubái, Palma e Ibiza. Preside además la Night Time Industry Association, la patronal londinense que agrupa a más de un centenar de discotecas británicas.
En Ibiza es socio del Cotton Beach Club de Cala Tarida y este verano ha estrenado Nocturna, un club en los bajos del hotel Los Felices, en Cala de Bou. El procedimiento reabierto afecta en exclusiva a Hangar 8289 Ibiza, S.L.
Una deuda de 1,5 millones en Vila
El origen del caso está en unas naves industriales propiedad de FINHIP, S.L., sociedad de José María Molins Romeu —hoy administrada por José María Molins Vila—, de las que Mellor fue desahuciado en marzo de 2024 tras dejar de pagar el alquiler desde 2020.
La sentencia de desahucio, firme, condenó a la sociedad a abonar 924.551,02 euros en rentas atrasadas. A esa cantidad se sumó una denuncia penal por unos destrozos que un perito calificó de «sistemáticos» e «intencionados», valorados en 624.042 euros: paredes, falsos techos, instalación eléctrica, contraincendios y climatización. Entre rentas y daños, la factura asciende a 1.548.593 euros.
El centro de arte que iba a ser discoteca
En el portfolio de Tokyo Industries, aquellas naves figuraban como «un espacio de artes creativas y eventos», con salas dedicadas a la música, el arte y la moda. Tal y como adelantó La Voz de Ibiza, ese proyecto nunca llegó a montarse: detrás se escondía la intención de explotar una discoteca pese a que la normativa lo impedía.
Nadie avisó a los acreedores
Hangar 8289 Ibiza fue declarada en concurso el 7 de octubre de 2024, meses después del desahucio y de la denuncia por los daños. Se tramitó como «concurso sin masa», la fórmula que se aplica cuando la sociedad carece de activo suficiente para cubrir los gastos del propio procedimiento. Se cerró apenas cinco semanas más tarde, el 12 de noviembre.
Según recoge el auto de reapertura, fechado el 30 de junio de 2026, la concursada incumplió la obligación —expresamente impuesta en el auto de declaración— de comunicar la tramitación del proceso a todos sus acreedores por vía electrónica. Esa omisión privó a FINHIP de personarse a tiempo, oponerse al cierre y pedir un administrador concursal que investigara posibles actos perjudiciales.
La empresa de Molins consiguió personarse el 25 de febrero de 2025, con el expediente ya concluido. El 26 de enero de 2026 aportó un informe pericial sobre presuntas irregularidades contables y el 29 de abril reclamó formalmente la reapertura.
La defensa intentó frenar el proceso
Hangar se opuso el 6 de mayo de 2026, a través del procurador Alejandro Font Escofet y del letrado Sebastián Del Val Català. Alegó que no habían aparecido bienes nuevos, que la petición estaba caducada por haber transcurrido más de año y medio desde el cierre y que FINHIP incurría en fraude procesal.
El magistrado Javier Ramos De La Peña rechazó los tres argumentos. Entendió que el plazo no se computa desde la conclusión del concurso, sino desde el auto que autorizó el acceso de FINHIP al procedimiento, el 2 de octubre de 2025, precisamente por el incumplimiento de Hangar. Y recordó que en los concursos sin masa la ley no exige la aparición de bienes nuevos si se exponen hechos que puedan llevar a una calificación culpable.
Un mes para el informe decisivo
El juzgado ha acordado también la reapertura de la hoja registral de la sociedad y ha nombrado administradora concursal a Abatha Global, S.L.P., representada por Cristina Alonso Suárez, que aceptó el cargo el 15 de julio de 2026.
Dispone de un mes desde esa aceptación —hasta mediados de agosto— para emitir un informe razonado sobre tres puntos: si existen indicios de actos perjudiciales para la masa activa, si procede una acción social de responsabilidad contra los administradores y si el concurso puede calificarse como culpable.
Conviene subrayarlo: la maniobra contable es hoy una alegación de FINHIP que el juez ha considerado indicio suficiente para reabrir, no una conclusión judicial de culpabilidad. El empresario, que ya se defendió públicamente de la denuncia por los destrozos, no ha respondido a las preguntas de este medio. De ese informe depende que el «rey de la noche» británica acabe respondiendo con su patrimonio personal de los 1,5 millones que dejó pendientes en Ibiza.
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