El pleno del Consell de Formentera aprobó este miércoles el reconocimiento de 3,17 millones de euros correspondientes a servicios de atención, acogida residencial y protección de menores tutelados (‘menas‘) durante este año, ante el colapso de las previsiones iniciales provocado por el incremento continuado de llegadas. La propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos.
El informe incorporado al expediente constata que el número de menores bajo tutela ha aumentado respecto a 2025 y que ese crecimiento provocó el colapso de las previsiones de atención y económicas, hasta el punto de que en el primer semestre del año ya se había superado el crédito disponible.
El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, explicó que el Consell tiene pendientes de pago 3,17 millones de euros a las fundaciones y asociaciones encargadas de prestar los servicios de atención a los menores migrantes no acompañados, lo que representa «una carga de recursos y económica muy importante».
Actualmente, la institución tutela unos 250 menores y ha llegado a tutelar a 305 en algunos momentos.
Serra recordó que el Consell recibió una subvención directa de 10 millones de euros del Govern balear que permite generar el crédito necesario para ir abonando los servicios ya prestados.
El Consell destacó que solo en las últimas horas han llegado a Formentera 12 menores más, que pasan a estar bajo la protección de la administración insular y suponen un nuevo incremento significativo de los recursos asistenciales necesarios.
16 muertos en las costas de Formentera este año
El presidente del Consell, Óscar Portas, subrayó la necesidad de abordar esta realidad más allá de la respuesta inmediata que deben asumir las administraciones y lamentó la dimensión humana de la crisis, con la aparición en los últimos días de hasta tres cuerpos en el mar. En lo que va de 2026, ya son 16 las personas sin vida localizadas en las costas de Formentera.
Desde la institución se insistió en que no se puede perder de vista que «es un problema de origen», para el que necesitan disponer de los recursos necesarios que permitan afrontar con garantías una situación que sigue generando una presión muy elevada.
