CRISIS DE LA VIVIENDA

Luz verde para las 245 viviendas y alojamientos dotacionales junto al Hospital Can Misses

El pleno aprobará definitivamente este jueves el cambio de uso de una parcela municipal cedida al IB-Salut en 2011 para permitir su cesión al IBAVI. La actuación priorizará a residentes y facilitará alojamiento a funcionarios y personal sanitario.
Hospital Can Misses de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza dará este jueves un nuevo paso en el desarrollo del plan «Ibiza, una ciudad para vivir» con la aprobación definitiva en el pleno municipal del cambio de destino de la parcela número 2 de la Unidad de Actuación 18 de Sa Joveria, situada junto al Hospital Can Misses, entre el hospital y la E-20.

El terreno tiene capacidad para albergar hasta 245 nuevas viviendas protegidas y alojamientos dotacionales.

La aprobación permitirá que el suelo pase del IB-Salut al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) para desarrollar vivienda pública protegida y alojamientos dotacionales de alquiler destinados a funcionarios, además de otros usos complementarios vinculados al ámbito sanitario.

La parcela es de titularidad originariamente municipal y fue cedida gratuitamente al IB-Salut por acuerdo del pleno del 1 de abril de 2011, junto con otras parcelas de Sa Joveria, para posibilitar la construcción del nuevo Hospital Can Misses. Quince años después, constatada la posibilidad de dar un nuevo aprovechamiento a este suelo, el Ayuntamiento inició los trámites para modificar su destino.

El pleno municipal aprobó inicialmente el cambio de uso el pasado 26 de marzo de 2026, después de que la Conselleria de Salud solicitara formalmente autorización para transmitir la parcela al IBAVI.

Tras superar el periodo de información pública sin alegaciones, el pleno lo aprobará definitivamente este jueves.

Hasta 245 nuevas posibilidades de vivienda

La actuación en Sa Joveria abordará una de las dificultades específicas que presenta Ibiza: facilitar el alojamiento de profesionales y empleados públicos que prestan servicios esenciales en la isla —especialmente en el ámbito sanitario— y que encuentran dificultades para acceder a una vivienda, priorizando igualmente a los residentes a la hora de optar a estas viviendas.

El acuerdo establece un plazo máximo de cinco años para que el terreno sea destinado a la nueva finalidad prevista. Si no se materializara ese uso dentro de ese periodo, o no se mantuviera durante los 30 años posteriores establecidos en el acuerdo, la cesión quedaría resuelta y la parcela revertería al patrimonio municipal.

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